El presidente Maduro, en una jugarreta política con miras a asegurar su reelección en 2024, convocó a un referendo para anexar nominalmente a Venezuela la región que ha llamado “Territorio en Reclamación”.
En 1899, un tribunal arbitral escogido por Venezuela y el Reino Unido profirió un fallo para establecer la frontera terrestre entre Venezuela y la en ese entonces Guayana Británica. En su fallo, el tribunal le asignó a la Gran Bretaña buena parte del territorio en disputa. Sin embargo, preservó para Venezuela todo el territorio del delta del río Orinoco en el Atlántico, que la Gran Bretaña pretendía. El gobierno venezolano, en su momento, aceptó el fallo.
El tribunal estuvo constituido por dos jueces ingleses, dos norteamericanos y el profesor ruso Federico Martens, de la corte zarista. Cuatro abogados norteamericanos, entre ellos, Severo Mallet Prevost, representaron a Venezuela y cuatro ingleses, a la Gran Bretaña. Dos jueces eran británicos, pero no hubo venezolanos porque Londres no lo aceptó. Eran tiempos del dominio inglés en el mundo y los Estados Unidos aún no habían surgido como potencia.
En 1962, años después de que uno de los abogados de Venezuela, Mallet Prevost, en una carta que se conoció tras su muerte, en 1949, señaló que había existido presión británica sobre el tribunal para que fallara a su favor, Venezuela desconoció la sentencia en una sesión de la Asamblea General de la ONU. Colombia apoyó a Venezuela: eran los tiempos del reestreno de las democracias en los dos países, en que los enemigos comunes eran Castro en Cuba y Trujillo en República Dominicana.
En 1966, pocas semanas antes de la independencia de la Guayana Inglesa, se concertó entre Venezuela y el Reino Unido un tratado en el que se comprometieron a adelantar negociaciones para la solución del diferendo. Se incluyó una cláusula según la cual, a falta de acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas decidiría el procedimiento para resolver la controversia que heredaría la nueva nación que adoptó el nombre de Guyana.
Como la mediación de Naciones Unidas durante 52 años no tuvo resultado, en enero de 2018 el secretario general de la ONU, António Guterres, de conformidad con la facultad que se había otorgado en el acuerdo de 1966, puso la controversia a consideración de la Corte Internacional de Justicia. Guyana manifestó su disposición de someterse a la Corte, no así Venezuela, que notificó que no participaría en el proceso.
En ese tema todos los venezolanos, gobierno y oposición, están de acuerdo; el que no lo esté sería calificado de traidor a la patria. De todas maneras, el Esequibo hace parte integral del territorio de Guyana en forma continua e ininterrumpida desde su existencia como nación independiente y sería muy difícil que la Corte Internacional de Justicia, sin la aquiescencia de Guyana, fallara a favor de Venezuela.
El denominado “Territorio en Reclamación” por Venezuela tiene una extensión de 160.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a las dos terceras partes del territorio guyanés. El caso se complicó cuando en dicho territorio y en sus espacios marítimos se encontraron extraordinarios yacimientos de petróleo y de gas natural que cambiarán para siempre la vida de Guyana, uno de los países más pobres del continente.
No hay nada más fácil para cualquier Estado que incorporar en sus mapas territorios a los cuales pretende o sobre los que considera que sus supuestos derechos le han sido “usurpados”. Igualmente puede, mediante decretos, leyes, incluso por su Constitución, establecer cualquier tipo de normas y disposiciones sobre esos territorios. Esa es la ley de la selva.
Nicaragua siguió esa estrategia con Colombia. Desde cuando Daniel Ortega asumió el poder en 1979, no solo negó la validez del tratado de 1928, sino que en todos los mapas hizo figurar al archipiélago de San Andrés como parte de ese país y tomó medidas similares a las que adoptó el régimen de Maduro sobre el Esequibo, incluidas estampillas, publicaciones y textos escolares.
Aquí la actitud de Nicaragua fue ignorada, hasta que la Corte Internacional de Justicia, en el fallo del 13 de julio del corriente año, puso punto final a las pretensiones nicaragüenses. Por su parte, Venezuela, con otra modalidad, ya lo hizo con Colombia, al tratar de considerar el golfo de Venezuela como parte “de su territorio” no obstante que nuestro país es ribereño y que Venezuela carece de bases jurídicas que acrediten su posición.
El hecho es que hasta donde se tiene noticia, las embarcaciones colombianas no pueden ni siquiera navegar por el mar territorial y la zona económica exclusiva que corresponde a nuestro país en el golfo siguiendo la línea media de conformidad con los principios y normas del derecho internacional.
Aprovechando las cordiales relaciones existentes entre el régimen de Maduro y el gobierno del presidente Petro, sería un éxito que pudieran llegar a un acuerdo y borrar, de una vez por todas, el sempiterno diferendo sobre la delimitación marítima que, quiérase o no, ha sido telón de fondo en las relaciones entre los dos países desde 1954.
Como Maduro sabía muy bien que la eventual aceptación de un fallo de la Corte favorable a Guyana sería el colapso de su Gobierno y que en el rechazo estarían unidos los militares y la oposición de todos los matices, optó por capitalizar las cosas a su favor.
Empuñando la bandera nacional y aprovechando la coyuntura, optó por el referendo para dar la impresión de que cuenta con un gran respaldo, como lo hizo la Junta Militar Argentina presidida por el general Galtieri con ocasión de la invasión a las islas Malvinas en 1982.
Empresas como ExxonMobil y Shell han recibido concesiones para la exploración y explotación petrolera en el Esequibo y sus áreas marítimas. Todos los países de Caricom vecinos de Venezuela han apoyado a Guyana y lo mismo ha hecho Estados Unidos y otros Estados. Fuerzas del Comando Sur, rondan en el área. Seguramente apoyarán a Guyana otros Estados que ven con preocupación el precedente, ya que muchos tienen litigios pendientes con sus vecinos.
En el caso de Colombia, adicionalmente la exclusión de facto del golfo, si se generalizara el procedimiento podrían existir nuevos riesgos. No hay que olvidar que el artículo 10 de la Constitución de ese país, establece que el territorio venezolano es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela en 1810, con las modificaciones resultantes de tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
Hace años no faltaron analistas venezolanos que sostuvieron que el laudo español de 1891 y el tratado de 1941, que fijaron la frontera entre los dos Estados, son total o parcialmente nulos por diferentes razones y que la Capitanía General de Venezuela comprendía toda La Guajira y gran parte de los Llanos Orientales de Colombia.
Seguramente dentro del millón de milicianos con que Maduro amenazó a Guyana estarán incluidos los grupos armados que se encuentran en Venezuela. Pero si Maduro y el general Padrino resolvieran dar un paso más allá y precipitaran una acción militar contra Guyana, sería el suicidio político y seguramente el principio del fin del régimen, como sucedió con los generales argentinos.
Además, muchos guyaneses son de origen chino, mientras que Irán y Rusia están muy ocupados en sus respectivas guerras.