Pablo Parada pasó la noche en un caño para salvarse de un intento de secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es venezolano y está a la espera de que el Estado colombiano le reconozca el estatus de refugiado. El ataque en su contra ocurrió el pasado 10 de marzo en Bogotá, cuando llegaba a su casa en Ciudad Bolívar.
Esa noche, según su relato, se encontró con dos camionetas parqueadas en la puerta de su casa. Seis hombres estaban esperándolo. Los gritos de una vecina que le pidió que corriera fueron una de las señales para huir. Se escabulló entre callejones y llegó a un caño, buscó una tubería y se escondió ahí hasta el amanecer porque sabía que, si salía, se lo llevaban.
El temor de Parada tiene un antecedente: él es uno de los tres venezolanos señalados por el fiscal de Venezuela, Tareck William Saab, y el propio Diosdado Cabello de, supuestamente, haber orquestado un plan desde este país para derrocar a Maduro.
Los otros dos son Ányelo Heredia, quien fue secuestrado por el ELN en Colombia y entregado a inteligencia venezolana en la frontera, y Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile. Ambos sucesos ocurrieron en febrero, semanas antes del intento de secuestro de Parada.
Él huyó de Venezuela después de ser un preso político y perseguido del régimen por encabezar las marchas en su contra como líder estudiantil. Ese asedio llegó hasta Colombia, desde donde decidió romper su silencio en entrevista con SEMANA, para reclamar protección. “Ya Colombia no es un país seguro para aquellos que le hacemos oposición al régimen dictatorial de Venezuela; aquellos que soñamos con la libertad de Venezuela estamos en peligro todo el tiempo”, dice.
El de Pablo Parada no es un caso aislado. SEMANA pudo documentar siete casos más de refugiados o solicitantes de refugio que están en Colombia buscando cómo irse del país porque los agentes de inteligencia del régimen los empezaron a perseguir.
De ellos, otras cuatro personas aceptaron dar sus nombres: Alejandro Zerpa y Jesús Berbesí, ambos residentes en Bogotá, Rosa Virginia González y Ángel Villasmil, quien reside en Cali. Esos hostigamientos, según ellos, son encabezados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.
Este medio tuvo acceso a tres documentos de inteligencia que detallan los perfiles de 41 agentes del régimen que residen en Colombia, con la misión de hacer labores de vigilancia para el Palacio de Miraflores, a quienes los venezolanos que presentaron su denuncia señalan como algunos de los responsables de sus casos.
Doble desplazamiento
El de Zerpa es un doble desplazamiento. Él consiguió el estatus de refugiado tras demostrar que había huido de Venezuela por motivos políticos y se radicó en Medellín. Sin embargo, allí comenzó a ser perseguido cuando salía a la calle y se mudó con su familia a Bogotá, pensando que en la capital estarían más protegidos. No fue así. “Estaba con mi hijo en un parque de Kennedy y una moto empezó a seguirnos. Me percaté de lo ocurrido y comencé a caminar; entonces me di cuenta de que el vehículo me estaba grabando. Corrí y me metí a un CAI. Desde entonces, solo salgo de la casa cuando es necesario”, detalló Zerpa.
Él también dejó de trabajar por miedo. Cuenta que en las plataformas de mensajería se encontró con personas que, entre su acento venezolano y un par de ‘chamos’ en cada frase, le decían que conocían su trabajo desde Venezuela, de actor político y opositor; luego, al indagar, confirmaba que esos que afirmaban saber de él estaban vinculados con la DGCIM o con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Ese organismo es el mismo que lo tuvo encarcelado como uno de los presos políticos del régimen por oponerse a Maduro. Por eso, ante el temor de que se repita la historia de estar detenido en una cárcel que funciona como centro de tortura, dejó de trabajar.
Las siete personas que hablaron con SEMANA para relatar sus casos tienen en común que marcharon como líderes estudiantiles, militaron en partidos de oposición o integraron instancias del Gobierno antes de que la dictadura se aferrara al poder, saltándose las normas democráticas.
Jesús Manuel Berbesí es dirigente del partido Bandera Roja, pero tuvo que escapar de Táchira un día que Maduro anunció por televisión nacional que había iniciado una operación contra personas que, supuestamente, estaban orquestando una conspiración contra él. Esos eran sus compañeros.
Se había quedado sin señal en su celular porque el internet de Venezuela es intermitente. Cuando su móvil se conectó a la red, ya era demasiado tarde: tenía mensajes en los que ellos le decían que los estaban capturando y le advertían que la DGCIM ya estaba en la puerta de su conjunto residencial.
Se escabulló por la pared trasera del edificio, se ocultó entre potreros de San Cristóbal (ciudad cerca de Cúcuta) y llegó a la frontera con Colombia a pedir ayuda. Desde entonces, no ha regresado a casa porque sabe que lo están buscando.
Esa escena de treparse por las paredes para escapar la repitió en Bogotá, cuando unos sujetos empezaron a seguirlo en TransMilenio. Lo recuerda muy bien. Iba en el bus J24 y notó que unos hombres no le quitaban la mirada de encima. Se movió de asiento y ellos se trasladaron detrás de él. Salió del bus, ellos lo siguieron por toda la estación; corrió, ellos también corrieron; apretó el paso a lo que daban sus piernas y se lanzó sobre un muro de cristal para escaparse de la estación.
“Ahora no confío en la protección que pueda darme el país. Si Juan Manuel Santos entregó a Lorenth Saleh y Gabriel Valles al régimen en la frontera, ahora imagínate lo que puede pasar con nosotros durante este Gobierno”, relató. Saleh y Valles fueron dos opositores que llegaron al país buscando protección y terminaron siendo retornados por la fuerza y detenidos en una cárcel de tortura del régimen: La Tumba.
La ex presa política Virginia González lleva cuatro meses sin salir de su casa, desde que, en diciembre de 2023, comenzó a recibir llamadas cuando estaba en la calle en las que una voz desconocida le decía dónde estaba, cómo estaba vestida y le recordaba que sabía cómo ubicarla. A la séptima llamada de ese tipo, decidió esconderse. Fueron tales las intimidaciones que le estaban enviando fotografías suyas cuando estaba en la calle. Asegura que eran autoría del Sebin.
Además de esos casos de persecución, este medio conoció que, en las últimas semanas, ya hubo actores políticos venezolanos que vivían en Colombia y tuvieron que irse del país de un momento a otro por los reiterados casos de asedio.
Es más, una de esas personas relató que le retiraron el esquema de seguridad de la UNP. Sus nombres se reservan porque estas personas temen que el régimen descubra en qué lugar están. “Colombia no ha dimensionado la realidad de esto, lo ha tomado como parte de una ‘leyenda urbana’. El régimen venezolano tiene una relación simbiótica con organizaciones criminales”, advirtió el exfiscal en exilio Zair Mundaray, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía colombiana sobre este tema.
Los refugiados y solicitantes de asilo ven tan grave su situación que le radicaron una carta a la embajada de Estados Unidos pidiéndole que los acojan en un plan de reasentamiento o de movilidad segura, porque están convencidos de que sus vidas corren peligro en el país. Esa misiva tiene 12 firmas y saben que ya hubo otros de sus conocidos que consiguieron salvar sus vidas con apoyo de cooperación internacional, utilizando esas mismas vías.
Mientras aparece un tercer país que los proteja, ellos están encerrados en sus casas, sin trabajar, esperando que la solución de la comunidad internacional llegue antes que los agentes de Nicolás Maduro que los persiguen.