En medio de las alarmas que se han encendido sobre la posibilidad de que se registren despidos masivos, en caso aprobarse la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostuvieron este martes 23 de mayo una cumbre en la Casa de Nariño con representantes de Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el Gobierno, en el encuentro se dialogó sobre puntos de la ponencia de la reforma, iniciativa cuya ponencia para primer debate fue radicada la semana pasada.
Al término de la reunión, la ministra de Trabajo defendió la reforma de las críticas de diversos sectores y se refirió a las advertencias que ha hecho el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre los efectos negativos que tendría la iniciativa si es aprobada por el Congreso de la República.
Ramírez pidió que no se cree “pánico” y aseguró que la reforma implica un “salto cualitativo”.
“Aquí hay un sector empresarial que no está de acuerdo con los derechos de la gente. Hay sectores empresariales que no quieren la reforma laboral, que están muy cómodos con lo que hay hoy, que es precarizando. Nosotros los estamos llamando a que demos un salto, un salto cualitativo hacia los derechos de las personas. La reflexión es que no ‘caoticemos’ y no creemos un pánico, que yo diría, infundado”, expresó.
Adicionalmente, al ser cuestionada sobre la negativa del Partido Conservador al proyecto, manifestó que respeta las dinámicas del congreso.
“Yo fui senadora y la conozco bastante bien, y por eso me parece que la interlocución se hace a través de las bancadas y del Congreso como tal”, señaló la ministra de Trabajo.
La funcionaria también señaló que el Plan Nacional de Desarrollo contempla medidas necesarias para la generación de empleo. “En esta reforma laboral, nosotros hemos venido trabajando no solamente con las mesas técnicas, sino ampliando las propuestas que ahora están en debate en el Congreso de la República”, dijo.
Añadió en su declaración en la Casa de Nariño: “Tenemos que decir que la política de empleo integral ya está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, con la reindustrialización, con el desarrollo del campo, la asociatividad, la economía solidaria y el reconocimiento de toda la economía popular, que van a permitir que asociaciones como Acopi puedan tener una articulación directa con estas políticas”.
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La reforma laboral ha sido uno de los proyectos más polémicos presentados por el Gobierno de Gustavo Petro en los meses que lleva de posesionado. Por ello, desde varios gremios se han escuchado diferentes opiniones al respecto del articulado, que les daría un duro golpe a las finanzas de muchos empleadores del país.
Una de las críticas más sonadas es la posibilidad de que aumente el desempleo en varios sectores económicos. Esto, debido al aumento de costos de operación de las empresas y los relacionados con sus trabajadores.
No obstante, desde el Gobierno también se han pronunciado frente a esta situación. La ministra Gloria Inés Ramírez aseguró en el Congreso que el recorte en el pago a los trabajadores de extensiones a la jornada y despidos sin justa causa han causado grandes pérdidas a los trabajadores.
Desde varios sectores políticos y entidades expertas, se ha advertido sobre las consecuencias de este proyecto en la empleabilidad del país. Ahora, el Banco de la República se pronunció al respecto.
El banco emisor, a través del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), alertó sobre las consecuencias que traería el proyecto para las empresas del país. De aprobarse, este incrementará el costo laboral promedio, asociado a los salarios y a las indemnizaciones.
Por un lado, el incremento del costo laboral por salarios oscilaría entre 3,2 % y 10,7 % y por indemnizaciones aumentaría entre 1,2 % y 1,9 %, “producto de un aumento del 92 % en el valor promedio de las indemnizaciones”.
El Banco precisó que el aumento de los costos salariales recortará unos 450.000 empleos formales, en los próximos tres a cuatro años. Por otro lado, el incremento en los costos de despidos podrían tener impacto en un plazo más largo.
Sin embargo, advirtió que los cálculos hechos no consideran los beneficios “para los empleados incumbentes, que se reflejarían en una mayor estabilidad laboral o de mejoras en el acceso al sistema de protección social”.