El anuncio del presidente electo Gustavo Petro de colocar al líder indígena Giovani Yule al frente de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cayó como un baldado de agua fría para diferentes sectores que de inmediato criticaron esa designación.
Yule es indígena del Cric, la comunidad que lideró la minga en medio del paro del año pasado y que se enfrentó con civiles en Cali. Algunos alertan que, en el cargo, Yule podría afectar el agro colombiano y a quienes poseen bienes. Esto contestó.
SEMANA: ¿Cómo recibió la designación de Gustavo Petro como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras?
Giovani Yule (G. Y.): Sorpresiva porque no estaba en mi pensamiento que pudiera estar en el equipo de Gobierno del presidente Gustavo Petro. La verdad es que el Twitter fue sorpresa, no solamente para mí, sino para mis autoridades.
SEMANA: ¿Eso quiere decir que no habían conversado previamente sobre esa designación?
G. Y.: No, nosotros con Gustavo siempre hemos venido tejiendo la posibilidad de construir y de plantear un nuevo proyecto político para el país, en eso hemos conversado, nos hemos entendido y él ha estado en espacios de nuestras autoridades indígenas en el Cauca y otras regiones, pero del asunto concreto no teníamos conocimiento.
SEMANA: ¿Qué representa para las comunidades indígenas esta designación?
G. Y.: Yo diría que no solamente para las comunidades indígenas, sino para las comunidades campesinas y afro. Es una función que me ha encomendado el presidente muy importante en la posibilidad de que se les pueda regresar a las personas que han sido víctimas del despojo de las tierras por causas del conflicto armado en Colombia. Y, por supuesto, esto tiene que ver con todas las víctimas que están en este proceso.
Además, es muy bonito. Ya conociendo bien todo el tema de la misión de la Unidad, es un proceso que, si logramos articular con las víctimas, las organizaciones sociales, siempre abordando el ejercicio del diálogo y la conversa, vamos a poder de alguna manera lograr este objetivo y este fin tan importante para la reconciliación y la reparación de las víctimas, la violencia y la guerra en Colombia.
SEMANA: Hay cierto temor porque pueda incidir en favor de las comunidades indígenas sobre otros ciudadanos, ¿será así?
G. Y.: No debe haber ningún miedo. La idea es dar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que todo se va a actuar en derecho, en justicia y sobre todo para el beneficio de las víctimas. Yo, como servidor público al frente de la Unidad de Restitución de Tierras, tengo que cumplir una misión constitucional y, en ese sentido, todos los derechos de los ciudadanos en Colombia se van a salvaguardar; como se salvaguarda la propiedad privada, también se salvaguardará la propiedad colectiva y más los derechos fundamentales de los sectores sociales más olvidados del Estado y el gobierno.
SEMANA: ¿Qué pasará con territorios en conflicto, como lo que sucede hoy en el norte del Cauca, en el que los trabajadores de caña han denunciado que indígenas los amedrentan?
G. Y.: Ese es un conflicto que está en el marco de las tierras y precisamente bajo la orientación de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, ya se estableció la posibilidad de que comience un diálogo tanto de las comunidades indígenas, afros y campesinas, como de Asocaña y de todos los que estamos interesados en que ese diálogo nos permita llegar a un acuerdo. Esa debe ser la palabra que nos debe permitir a nosotros discernir nuestras diferencias y entender las necesidades integrales de la comunidad.
Estamos estableciendo la posibilidad de que desde el Gobierno podamos respaldar este diálogo para lograr acuerdos que nos permitan a nosotros la reconciliación en el territorio, pero también la búsqueda de que las comunidades campesinas, indígenas y afros puedan obtener sus mínimas posibilidades de vida digna en algún terreno; que puedan cultivar, inicialmente, su seguridad alimentaria, pero también que se pueda constituir en una gran oportunidad, no solamente para producir comida para la región, sino para la nación completa, y que luego nos podamos convertir en una potencia de la comida a nivel mundial.
SEMANA: ¿Está de acuerdo con la idea de dejar de importar productos y que se produzcan totalmente en Colombia?
G. Y.: Sí claro, por supuesto. En la medida en que nosotros podamos fortalecer el campo, la economía, las poblaciones indígenas, afros y campesinas, estamos completamente seguros de que la economía del país se va a fortalecer. Además, vamos a poder potencializar las economías solidarias, que a la final nos permiten a nosotros reconocer la pluralidad cultural de los pueblos y de los sectores sociales en nuestra nación colombiana.
SEMANA: ¿Está dispuesto a trabajar con los gremios?, ¿qué mensaje les envía?
G. Y.: Sí, claro, con ellos hay que establecer todas las conversas que sean necesarias para que desde el Gobierno podamos contribuir también al beneficio de esa economía que ha sido muy importante para el país y que de alguna manera le corresponde al Estado y al Gobierno fortalecer. En la medida de las posibilidades, que podamos hacer ejercicios de concertaciones, de acuerdos y que todos puedan tener acceso a esos derechos que se tienen desde la Constitución, de una manera justa.
SEMANA: Usted lideró la minga en Cali que terminó enfrentada a la ciudadanía y bloqueando la ciudad, ¿qué pasó allí y qué responde?
G. Y.: El tema de la minga es una estigmatización del concepto porque como minga es un ejercicio de juntanza para buscar un bien común para la comunidad y para el pueblo. Lo que pasó en Cali fue que unos hombres armados atacaron una chiva de la minga que se desplazaba a la Universidad del Valle, atacaron a los compañeros con armas de fuego. Todos pudieron ver los videos y eso provocó 12 de los compañeros mingueros y mingueras heridos. Estamos esperando que la Fiscalía haga una investigación al respecto y judicialice a los culpables armados, que fue una emboscada a la población civil por unos reclamos que se hacen desde la protesta social de una manera pacífica.
He estado en el ejercicio de plantear desde la protesta pacífica y hacer un llamado para reivindicar nuestros derechos indígenas, afros, campesinos y la minga indígena social y popular, y me siento muy orgulloso de haber estado en esa lucha histórica que hemos tenido en más de 200 años de época republicana. Hoy me siento orgulloso de estar desde el ejercicio de gobierno, de poder contribuir para que los ciudadanos se beneficien de los derechos fundamentales mediante la ley y la Constitución, fortaleciendo la institucionalidad del Estado.
SEMANA: Pero en algunos momentos no fue protesta pacífica. En esos videos se evidenció amedrentamiento a la población civil y bloqueos que generaron pérdidas millonarias para el país.
G. Y.: En realidad, los bloqueos –si usted mira– no fueron provocados por nosotros, fue la misma gente de todas las ciudades, de todos los departamentos, de todos los sectores sociales y populares. Lo único que hicimos fue dar de alguna manera unos mensajes de que todo debía ser de una manera pacífica, organizada y que esos reclamos fueran desde las necesidades de los sectores más vulnerables.
SEMANA: Hay poseedores de tierra en Colombia, personas con fincas, haciendas, que tienen el temor de que usted pueda favorecer a las comunidades indígenas sobre sus derechos de propiedad y les quiten esas tierras, ¿qué les dice?
G. Y.: No, de ninguna manera. En mi calidad de servidor de la comunidad, de servidor público, hay que actuar de una manera imparcial con toda la población colombiana. Tenemos que garantizarles a todos los colombianos y ciudadanos desde mi oficina a quiénes corresponden sus beneficios y los derechos constitucionales, y en eso se va a enfocar mi trabajo, en mirar cómo en cabeza de nuestro presidente de la República y de nuestra vicepresidenta logramos demostrarles al país y a la comunidad internacional que en realidad Colombia se va a constituir en una potencia para la vida, y luego, una potencia para la comida, de la alimentación, con capacidad de exportar alimentos para otros países.
SEMANA: Sobre dejar de importar alimentos los gremios han dicho que si se hace de forma descontrolada podría derivar en una profunda crisis alimentaria en el país, ¿lo han contemplado?
G. Y.: No, de ninguna manera. Lo que pasa es que los gremios son un sector muy importante de la economía, pero si nosotros fortalecemos el campo, las familias, indígenas, campesinas, se va a fortalecer la economía porque se vuelve de alguna manera más distribuida; todo el mundo va a tener capacidad de producir y transformar alimentos, y poder llegar al consumidor de manera directa.
Por ejemplo, los productos de los territorios indígenas, afros y campesinos. La idea es fortalecer el tema solidario, de cooperativismo, para que se pueda, de alguna manera, fortalecer a las comunidades en términos económicos; incluso eso nos permite erradicar los flagelos, el cáncer del narcotráfico y las violencias, que nos han azotado en esta época republicana que hemos vivido hasta hoy.
SEMANA: Sobre el narcotráfico, hay quienes reclaman que algunas comunidades indígenas siembran cultivos de coca y esto permite esta problemática, ¿qué pasa allí?
G. Y.: Pues la cuestión no es condenar tanto a los que siembran, a los pequeños cultivadores, porque, por ejemplo, para el pueblo Nasa, la planta de coca es una planta sagrada, para los rituales espirituales que histórica y ancestralmente se han utilizado. El problema es la transformación de sus insumos, que por supuesto ha traído muchos problemas a la sociedad y a la humanidad; por eso es que tenemos que posibilitar una economía alternativa en el campo, para que seamos capaces de erradicar esa economía ilegal, no solamente de la coca, sino de otras economías ilegales que han traspasado nuestros territorios. El Estado debe cumplir un papel fundamental de una política de Estado que sea capaz de darle fuerza al campo y la posibilidad de que todos avancemos por el camino de la legalidad.