Llevar a cabo la política de ‘paz total’ es una de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, tras las negociaciones que se han hecho, primero con los grupos paramilitares y luego con las Farc, la conclusión es que “no existe la paz total”.

Así lo aseguró en SEMANA el director de Indepaz, Camilo González Posso, quien a propósito del lanzamiento del libro ‘Del paramilitarismo al paramilitarismo, radiografía de una paz violenta’, explicó que el fenómeno de violencia que vive el país está relacionado con el proceso de evolución histórica del conflicto y “la manera como las ciudades se fueron convirtiendo en espacios estratégicos para el desenvolvimiento de un control político y un desarrollo económico por parte de estas estructuras criminales”.

Sóolo en lo que va de este año se han presentado 72 masacres en el país.

SEMANA: Ustedes han venido hablando de un concepto bastante particular, la paz violenta, ¿a qué se refieren?

CAMILO GONZÁLEZ (C.G).: Una paz violenta es básicamente porque las cifras demuestran que no existe la paz total. Se sigue alimentando una guerra que no para, tenemos 1.332 asesinatos desde la firma de los acuerdos de La Habana en 2016. Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 47,09 % del total de las víctimas mortales, 21,044 personas, durante el conflicto armado hasta el 2018 fueron personas asesinadas por grupos paramilitares.

También hay que decir que hubo un escalamiento del conflicto armado aún en la pandemia de covid-19 y, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el 2020 se registraron 49.430 personas afectadas por desplazamientos forzados o confinamientos, principalmente en 12 regiones del país.

SEMANA: Lo que se ha visto es que después de un proceso de paz hay una especie de periodo de tregua, pero luego se aumenta la violencia, así ocurrió con las Farc y, por supuesto, también con los paramilitares...

C.G.: Alrededor de 32 grupos postacuerdos se mantienen y siguen en disputa por el control territorial sobre pequeñas bandas y agrupaciones. El año 2021 fue el año más violento desde la firma del acuerdo de paz en 2016, según la Jurisdicción Especial para la Paz, 93 masacres, 146 desplazamientos forzados masivos, 228 enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados y casi 90 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Por eso hablamos de una paz violenta en el país.

SEMANA: En la presentación del libro ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta, de la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung, usted hablaba de un elemento que podría ayudar a explicar este fenómeno de violencia, la urbanización del conflicto, ¿de qué se trata?

C.G.: Hay que decir que la urbanización de la violencia, especialmente paramilitar, está relacionada con el proceso de evolución histórica del conflicto y la manera como las ciudades se fueron convirtiendo en espacios estratégicos para el desenvolvimiento de un control político y un desarrollo económico por parte de estas estructuras.

El desarrollo de grandes aglomerados urbanos en Colombia, ciudades y regiones metropolitanas no se puede comprender a cabalidad sin tener en cuenta la variable del conflicto y la manera como esta juega un papel de causa y consecuencia del crecimiento desorganizado de las ciudades.

SEMANA: ¿Los grupos criminales encontraron nuevos caminos para la ilegalidad?

C.G.: Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, la manera como los bloques paramilitares se ubicaron en los municipios aledaños y entraron en disputa con las estructuras guerrilleras no es gratuito, está relacionado con el papel central que juega esta región en una compleja red de caminos y corredores estratégicos de economías ilegales, pero aún más podríamos decir también en la centralidad de este espacio geográfico como una zona de apalancamiento de economías legales, formales e informales, de la especulación de la tierra que también está presente y por supuesto el control poblacional que las estructuras herederas han aprovechado y explotado todavía.

Fue en este tipo de ciudades donde terminaron concentrándose las clases populares sobre las cuales se ha ejercido con complacencia, incluso complicidad del Estado y las élites, el control paramilitar desenvuelto alrededor del discurso de seguridad que busca reproducir regímenes hegemónicos de comportamiento poblacional a costa principalmente de la vida de los y las jóvenes populares.

SEMANA: ¿El principal combustible sigue siendo el narcotráfico?

C.G.: La lucha es por el control de recursos. Quizá también haya que anotar que el blanqueamiento de capitales encontró en algunas regiones, como el caso de Bogotá y Cundinamarca un espacio propicio que influyó, podríamos decirlo, en la transformación cualitativa de la ciudad, la generación de comercio en las periferias y una serie de dinámicas que aún están por ser comprendidas a cabalidad y que son un reto para la academia y la reconciliación de la nación con su historia urbana.