El hundimiento de los proyectos que buscan reducirles el salario a los congresistas siempre es la crónica de una muerte anunciada. Cuando no son los impedimentos o las dudas jurídicas es la falta de tiempos, pero el resultado es el mismo: el hundimiento de las iniciativas con este propósito.

Así ocurrió el año pasado, cuando tres de los cuatro proyectos de reforma constitucional que tenían la intención de reducir el salario de los senadores y representantes se fueron hundiendo uno tras otro.

Por ahora, el único proyecto que sobrevive es uno presentado por el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández, que apenas ha superado uno de los cuatro debates correspondientes.

El salario de los Congresistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4 de 1992, está conformado por una asignación que corresponde a un sueldo básico, los gastos de representación y una prima de localización, vivienda y transporte, actualmente prima de servicios.

La suma de estos tres componentes para 2023 es de 37.880.419 pesos, en que la asignación básica es de 9.159.143 pesos, los gastos de representación de 16.282.926 pesos y la prima especial de servicios de 12.438.350.

Lo que más causa indignación es la gran brecha que existe entre el salario de los congresistas y lo que devengan los colombianos, muchos de los cuales se mantienen mensualmente con menos de un salario mínimo.

Para conocer cómo ha aumentado esa brecha, SEMANA analizó el comportamiento del sueldo de los congresistas y del salario mínimo desde 1991, cuando se promulgó la nueva Constitución hasta 2022 y los resultados son sorprendentes.

Cuando se promulgó la Constitución Política, los parlamentarios devengaban 13,8 salarios mínimos, pero el aumento hasta la actualidad ha sido tan vertiginoso que para 2022 la cifra llegó a los 37,8 salarios mínimos.

La situación es aún más dramática si se analiza en términos de porcentaje: desde 1991, el mínimo ha aumentado 1.833 %, mientras que el sueldo de los congresistas se ha incrementado 5.200 %.

El aumento más pronunciado se dio en 1992, cuando en virtud del decreto 801 de ese año, el sueldo de los congresistas se aumentó ese año un 275 %, mientras que el mínimo en ese mismo periodo aumentó apenas 26 %, es decir, casi diez veces menos.

La gran diferencia entre el salario de los congresistas y la remuneración de quienes devengan el salario mínimo toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países de la región en el que existe una brecha mayor entre los parlamentarios y el resto de los ciudadanos.

En ese sentido, Colombia está por encima de Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Argentina, entre otros.

Si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma Constitución Política fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.

“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.

Esa fórmula, hasta ahora, más de 30 años después, no se ha logrado cambiar, en buena medida porque la solución, aunque parezca absurdo, está en manos de los propios congresistas, quienes han creado todo tipo de jugaditas para hundir las reformas.