El gobierno de Gustavo Petro tomó una radical decisión sobre la ley que había aprobado el Congreso de la República para realizar entre uno y tres días sin IVA en el país con el objetivo de recuperar el comercio.
El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, objetó el articulado y le comunicó esa decisión a la Cámara de Representantes asegurando que ese texto no tuvo en cuenta el marco fiscal a mediano plazo ni contó con un estudio fiscal adecuado para examinar sus impactos en las arcas del Estado.
La decisión se conoció en la noche del martes y desató la molestia de los promotores del articulado, quienes desde el Centro Democrático habían encabezado su discusión en el Congreso con el objetivo de institucionalizar la jornada que había comenzado a ejecutarse durante el Gobierno de Iván Duque en medio de la pandemia.
“Es evidente que Gustavo Petro objetó este proyecto por asuntos políticos porque nunca le ha interesado, ni le interesa, el bienestar de los colombianos”, sentenció el senador Miguel Uribe.
El congresista aseguró que esa jornada servía para activar la economía, generar empleo, promover la formalización empresarial y tributaria y generar beneficios sociales para los colombianos que no pueden acceder a determinados bienes sin que se reduzca su precio, un mecanismo que facilita su compra.
Precisamente, esa medida reducía en un 19 % el valor de determinados productos (que es el porcentaje del IVA) y fue frenada por el poder Ejecutivo con el pretexto de que no contaba con el aval fiscal, que es el análisis que realiza el gobierno para conocer las implicaciones de las normas que pasan por el Congreso.
“Argumenta el presidente que no tiene aval fiscal, lo cual no es necesario teniendo en cuenta que es un proyecto que le otorga la facultad al Gobierno nacional, de acuerdo a su estudio técnico y fiscal, de implementar esta jornada. Es decir, al ser opcional, no genera impacto fiscal. Teniendo en cuenta las jornadas de 2020, 2021 y 2022, queda claro que el recaudo en esta jornada es mucho mayor que el costo que genera la exención de IVA”, agregó el senador Uribe Turbay.
El representante Christian Garcés comentó que “nos ratificamos en que (el proyecto) no requiere aval fiscal porque no depende del presidente de la República autorizar los días sin IVA. El impacto fiscal será el análisis económico que el gobierno de turno haga para beneficiar el bolsillo de los colombianos”.
El congresista agregó que: “Lamentamos que el gobierno actual no quiera apoyar, sobre todo, a familias de bajos ingresos que puedan programarse a ahorrar para comprar elementos tan importantes para su calidad de vida como lo son el vestuario, electrodomésticos para su hogar, elementos deportivos, insumos agrícolas, entre otros productos que constantemente se toman en Colombia”.
Desde la bancada del Centro Democrático le están pidiendo al Congreso que ratifique el día sin IVA, una jornada que no se realizó en todo el 2023 por el rechazo del gobierno a esa iniciativa. Justamente, esa negativa terminó motivando la presentación del proyecto de ley en el legislativo.
La objeción de la presidencia al día sin IVA le comunicó al Congreso que “la objeción se formula contra la totalidad del proyecto de ley, que pretende que el Gobierno nacional pueda decretar, hasta tres (3) días al año, que bienes de alta relevancia y necesidad estén exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), sin derecho a devolución y/o compensación, sin perjuicio de los derechos del consumidor contemplados en la Ley 1480 de 2011″.