El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó en una rueda de prensa que, pese al temor que existe en distintos sectores de oposición al Gobierno nacional, habrá elecciones en 2026.
Por eso, desde ya ofreció garantías para el normal desarrollo de los comicios que se celebrarán en el país en dos años.
En conferencia de prensa, Penagos enfatizó en que “no podemos tener ninguna duda del proceso electoral de 2026. Vamos a trabajar con toda para que los ciudadanos estén tranquilos sobre cómo se va a llevar a cabo. La Registraduría es un órgano independiente y autónomo, un órgano neutral que está al servicio del país, de los colombianos”.
Dijo que por años la Registraduría ha sido un sustento muy importante de la democracia de Colombia. “Y lo seguirá haciendo”, advirtió.
A renglón seguido, Penagos afirmó que “la Registraduría no está al servicio de nadie, está al servicio de todos los ciudadanos y vamos a defender con toda determinación la independencia de la entidad. Insisto, la Registraduría ha sido sustento por décadas de la democracia y lo seguirá haciendo. En esa tarea nos vamos a comprometer y nos vamos a comprometer porque hay un equipo valioso de gente que lleva años en la entidad, con experiencia que se ha echado al hombro el proceso”.
Añadió que descalificar de manera temeraria a funcionarios por las actuaciones futuras de la entidad no es justo. “Es inaceptable. Al contrario, tenemos que construir entre todos para que el proceso electoral ofrezca garantías. Y será así”, enfatizó.
Penagos se refirió, indirectamente, a la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia, que cuestionó recientemente un millonario contrato que adjudicó la entidad para realizar los comicios en 2026.
El secretario Andrés Idárraga prometió llevar hasta las instancias penales el proceso porque, al parecer, se benefició a una unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons, una firma con la que Gustavo Petro tiene diferencias desde la polémica contratación de los pasaportes en la Cancillería.
“Será la justicia penal la que determine la responsabilidad de los funcionarios (de la Registraduría) en esta adjudicación. Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80. Adicionalmente, solicitaré a la Procuraduría que se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal, y a la Contraloría General una auditoria por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de la Secretaría de Transparencia careció el proceso adjudicado”, advirtió Idárraga.
“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Ante los organismos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete o no actos ilegales. Que yo sepa, esa es una tarea de los órganos de control. Y cuando ellos lo consideren pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia. Sin duda, estarán dispuestos a asistir”, respondió el registrador.
La pelea entre la entidad electoral y la Casa de Nariño apenas empieza.