En medio de la confrontación civil que ha estallado en varias zonas del país por la invasión ilegal de predios privados, el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que, tras un encuentro entre representantes del Gobierno y ganaderos, se llegó a un acuerdo para saber cómo reaccionar ante estas acciones irregulares.

Las invasiones ilegales a predios privados han estado marcadas por violentos enfrentamientos entre indígenas y campesinos que defienden, con títulos en mano, lo que, según dicen, les pertenece por ley. Asimismo, se está presentando un conflicto entre invasores y trabajadores de cultivos de caña, ganaderos y líderes afro.

La polémica aumentó cuando el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, propuso un “grupo de ganaderos de reacción inmediata” para defenderse de las invasiones, lo que les recordó a muchos las famosas Convivir, que fueron semilla luego del paramilitarismo.

Para calmar los ánimos y buscar salidas, se realizó este miércoles un encuentro en el que el Gobierno y los ganaderos definieron una ruta para solucionar estos conflictos por las vías institucionales, en la oficina de la Presidencia del Senado.

En el encuentro participaron, además de Barreras y Lafaurie, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda

“El mensaje es clarísimo: ninguna forma de justicia por mano propia es aceptable. No se vale la invasión violenta de tierras y tampoco formas de autodefensa violenta”, fue la primera conclusión a la que se llegó en el encuentro, según el senador Barreras.

Una de los acuerdos concretos, según dijo, es que se le solicitará a la Defensoría del Pueblo que asuma la tarea de prevención y comunicación con ganaderos que sientan vulnerados sus derechos por posibles invasiones violentas.

Adicionalmente, “se le solicitará a la Fiscalía judicializar a estafadores que incitan invasiones con fines de lucro”.

Así mismo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz visitará diferentes zonas y se involucrará a la Agencia Nacional de Tierras en los procesos de caracterización para identificar, por un lado, a los campesinos que serían merecedores de tierra, y, por otro lado, a quiénes estarían propician invasiones teniéndola.

Sobre este tema también ya se había pronunciado el presidente Gustavo Petro, quien explicó qué deben hacer los legítimos poseedores de estos predios al momento de que su tierra sea invadida.

“La ley colombiana desde hace décadas permite que el poseedor de una tierra que sea invadida puede directamente, sin intermediación de alcaldes o de gobernadores o del presidente, ordenarle a la Policía el desalojo”, explicó el jefe de Estado.

Y sentenció: “Así que eso es lo que tienen que hacer los legítimos poseedores de la tierra”. Sin embargo, hay quienes creen que esto puede no ser tan sencillo como el jefe de Estado lo estaría planteando.

Las invasiones en diferentes puntos de Colombia se agudizaron desde hace varios meses, cuando el discurso de que la “tierra no es de quien la posee, sino de quien la necesita” empezó a hacer eco en varios rincones del país.

El entonces candidato Petro se refirió en varios escenarios a la lucha por la tierra y prometió que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad de contar con predios para convertir “la tierra improductiva en productiva”. Lo que no dijo en ese momento era cómo se diseñaría esta estrategia de empoderamiento, por lo que muchos pensaron que debían comenzar con las invasiones.

De hecho, a veinte minutos de Neiva existe un extenso terreno invadido al cual llamaron ‘Gustavo Petro’.