Una propuesta del gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha estado en el radar desde que se dio a conocer y no ha quedado lejos de la polémica. El anuncio, que empezó a dar pie a diversas opiniones, consiste en que miembros de la primera línea se puedan convertir en gestores de paz.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, cuestionó esa alternativa al afirmar que al poder Ejecutivo no le corresponde adoptar funciones de instancias judiciales. El exfuncionario también se refirió a las razones por las que habrían tenido lugar detenciones hace algunos meses, acusando a la administración actual de mentir.
“Señor @petrogustavo, primero, los gobiernos no condenan ni absuelven en Colombia. Es la justicia, a través de los jueces de la República, quienes lo determinan. Y segundo, nadie está condenado por protestar. Lo están por asesinar, torturar y secuestrar. ¡No siga engañando al país!”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
Sin embargo, el titular de la cartera de Interior, Alfonso Prada, aclaró que no se trata de indultos o amnistías, sino que hace parte de una “figura transitoria” que tiene el respaldo de la ley en el marco de la llamada paz total.
Estas palabras llegan poco después de que el jefe de Estado comunicara que los jóvenes detenidos durante su participación en protestas podrían ser gestores de paz antes del 24 de diciembre. Esto equivaldría a que muchos de ellos podrían recuperar la libertad tras la determinación presidencial.
De acuerdo con Prada, se trata de una iniciativa en la que se viene trabajando desde que Petro asumió funciones en la Casa de Nariño. El objetivo es lograr algunos acuerdos que faciliten, en el debido proceso, soluciones negociadas a integrantes de la primera línea que hayan sido detenidos en el marco de las movilizaciones.
“Desde ese momento nos impartió instrucciones el presidente y desde el 7 de agosto en forma responsable y muy coordinada como Gobierno hemos estado revisando las alternativas que se tienen para ello. Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar a través de la Ley 2272 para convertir a muchas de las personas que han trabajado dentro de organizaciones sociales humanitarias”, señaló.
“Como política pública de Gobierno consagrada además en la Ley de Paz Total, en ese escenario, aquellos que consideremos o que considere el presidente de la República tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como voceros de paz o como gestores de paz”, agregó el ministro.
Para este lunes 5 de diciembre se tiene previsto que el presidente Petro sostenga una reunión con el fiscal general, Francisco Barbosa, para determinar cuál es el alcance que tendría su propuesta en materia de beneficios judiciales y la forma a abordarse con la judicatura. Las personas relacionadas lo están en casos de lesiones personales, violencia contra servidor público, terrorismo y tortura, que fueron procesadas.
“Estas competencias se van a cumplir necesariamente de la mano de los jueces de la República y de la Fiscalía General de la Nación el día de mañana, lunes al mediodía. Tendremos una reunión con el fiscal general y el presidente de la República, donde uno de los temas que se va a tratar es lo que vamos a presentar al señor fiscal”, explicó el ministro del Interior.
Esa cartera gubernamental enfatizó en la necesidad de preparar un decreto reglamentario que le permita al Ejecutivo proceder con esas atribuciones, mismas que en este momento mantiene las opiniones encontradas.