Este lunes, Carolina Corcho, ministra de Salud, dio a conocer los nombres de tres funcionarios claves en el sector. La psiquiatra nombró al médico Jaime Urrego en el Viceministerio de Salud y al odontólogo Luis Alberto Martínez como viceministro de Protección Social. Por otro lado, se conoció que el médico Ulahy Beltrán López será superintendente de Salud.
Según el Ministerio de Salud, “el doctor Jaime Urrego, con 30 años de experiencia en el sector, que conoce muy bien la salud pública de Colombia”. Tendrá la tarea de diseñar y desarrollar el modelo de salud propuesto por Petro, el cual radica en la prevención y predicción.
Urrego es un militante del petrismo desde la Bogotá Humana. Fue su asesor en la materia durante la campaña y, después de la victoria del ahora presidente, el galeno hizo parte del equipo de empalme en salud.
Es médico de la Universidad Nacional y cuenta con un doctorado en Salud Pública en la misma institución. Es especialista en alta gerencia y planeación regional del desarrollo.
En sus 30 años de experiencia ha trabajado nacional e internacionalmente en salud pública, desarrollo regional, derechos humanos y paz. Entre sus cargos más importantes se destaca que fue subsecretario de Salud Pública de Bogotá durante la administración de Petro. Incluso, ha sido consultor de entidades como la Unión Europea, agencias europeas de cooperación, la OPS, la FAO y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
En los últimos años, también se ha desempeñado como docente en pregrado y postgrado de la Universidad del Rosario y Universidad Nacional.
Luis Alberto Martínez Saldarriaga también cuenta con 30 años de experiencia. “Proviene del sector de hospitales y clínicas, que son la columna en la prestación de servicios de salud. Es uno de los hombres que más conoce este sector”.
Martínez es odontólogo de la Universidad de Antioquia, alma máter de la ministra Corcho. Es especialista en administración de servicios de salud y cuenta con una maestría en Administración, y en Gobierno y Políticas Públicas. Fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, defendiendo la salud como un derecho fundamental y la transformación del sistema.
Saldarriaga, a su vez, ha sido gerente de varios hospitales públicos en Antioquia. También ha pertenecido a varias agremiaciones y se ha desempeñado como docente universitario.
Por último, se anunció el nombramiento del médico Ulahy Beltrán López como superintendente de Salud. Es médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista en gerencia de servicios de salud de la misma universidad y cuenta con otro posgrado en seguridad social, el cual cursó en México.
En enero de 2019, el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, nombró a Beltrán gerente del Hospital Universitario Cari de Barranquilla, uno de los más importantes en el sur del área metropolitana. En medio de su gestión en el cargo, y a pocos meses de que iniciara la pandemia, el funcionario firmó un millonario contrato que levantó sospechas de haber sido una adjudicación “a dedo”.
Al parecer, en septiembre de 2019 inició la convocatoria para contratar gestión de procesos “asistenciales, logísticos, administrativos, financieros” y demás servicios de alta complejidad para eficiencia del funcionamiento del hospital. La convocatoria cerró el 9 de octubre, con solo un oferente. A pesar de advertencias de la Procuraduría que argumentaban los riesgos de la contratación, Beltrán continuó el proceso y firmó el contrato que, pese a la crisis económica del centro asistencial, aseguraba más de 12 mil millones de pesos anuales para el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe SAS.
Finalmente, después de que la Contraloría hallara indicios de posible favorecimiento al operador dentro del polémico proceso contractual, Beltrán fue suspendido provisionalmente del cargo. Además, por desestimar las advertencias de los organismos de control, se consideró posible obstrucción de la fiscalización que llevan a cabo estas instituciones.
El nuevo superintendente de Salud es una figura polémica y con antecedentes de investigaciones por posibles actos de corrupción para favorecer al consorcio. Si se miran sus anteriores cuestionamientos, podría ser calificado como un desacierto del Gobierno entrante durante su primer día al mando.