En el mes de mayo, veinticuatro notarios de Bogotá, quienes trabajan independientemente para suplir un servicio público, fueron notificados por Colpensiones de la suspensión de su mesada pensional por ser funcionarios públicos. Esta situación recortó los ingresos de múltiples familias y desestabilizó el sector, dado que al menos cinco renunciaron a sus cargos.
En el país, cuando los hombres y las mujeres cumplen 62 y 57 años, respectivamente, pueden tener acceso a la pensión de vejez. Existen varias restricciones o causales de suspensión para un afiliado a Colpensiones y una de ellas es ser funcionario público.
Si un pensionado es contratado en una empresa privada, puede percibir tanto el salario como su mesada. Solo debe notificar a su empleador, con el fin de no presentar aportes a pensión, sino a salud y otras prestaciones.
En el caso del sector público, el artículo 128 de la Constitución Política es claro: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley”.
A pesar de que la pensión sea un ahorro personal, estos son considerados parafiscales y provenientes del tesoro público. Si se ejerce un cargo público, la mesada queda en suspenso hasta que salga del cargo.
Sin embargo, los notarios no son funcionarios públicos desde la Constitución de 1991. Su figura quedó en un vacío, siendo esencialmente independientes que prestan un servicio público. Por esta razón, ellos deben asumir impuestos, pago de nómina, elementos de trabajo y arriendo del local en el que se encuentran ubicados, entre otras responsabilidades de un privado.
Hay que entender que los notarios no somos empleados, ni funcionarios públicos. Somos particulares que ejercemos una función pública. Las notarías están totalmente a cargo del notario. Pone todos los elementos. Impresoras, computadores y el local. Todo lo que se necesita para el funcionamiento. Con los ingresos pagamos eso y los impuestos. De cada 100 pesos, 94 se van en impuestos”, dijo uno de los notarios denunciantes, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias por parte de entidades de control y vigilancia.
El notario, que debe encargarse de una nómina de 17 personas y 5 contratistas, se encuentra reducido en sus ingresos. A pesar de tener la posibilidad de devengar más de su pensión, no quiere renunciar porque esto significaría dejar en desempleo a sus trabajadores.
Este argumenta que en el fondo de la situación se encuentra el Gobierno nacional, quien quiere presionarlos para que renuncien, con el fin de volver público el modelo establecido.
“Hay una persecución tremenda con los notarios porque es obligarlos a renunciar a la notaría. ¿Qué está pasando? Los que están renunciando ni siquiera han sido reemplazados. No hay nadie que le jale a eso. Saben que el negocio está mal. La vivienda está caída. Al notario 76 lo mataron y no han nombrado interino. Cerraron la notaría. Al presidente Gustavo Petro no le importa. En su cabeza todo lo quiere volver público”, dijo el notario, en conversación con SEMANA.
El notario asegura haber sido informado de que desde la Superintendencia de Notariado y Registro se notificó a Colpensiones sobre los notarios pensionados.: “¿Cómo más nos van a identificar? Uno cotiza como trabajador independiente. Quitarle las pensiones a un notario es decirle a un abogado que se pensiona que no puede seguir litigando”.
Los notarios se encuentran adelantando acciones legales contra la notificación de Colpensiones, pero hasta ahora no rinde frutos.
“Es una presión indebida contra los notarios para que renuncien a sus cargos y que el Gobierno tenga una excusa para hacer público el sector. Otra intención es ahorrarse una plata. Nosotros los notarios somos los más contribuyentes”, agregó el notario.
Varios notarios de Bogotá se verían obligados a dejar sus funciones porque consideran que les esperaría un trámite judicial largo para recobrar su pensión. Creen que el proceso podría demorarse más de diez años, lo cual podría privarlos de por vida del derecho adquirido por años de ahorro.
Hasta el momento, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, desmiente que haya presiones del Gobierno: “Persecución ninguna, es norma”, le dijo el funcionario a SEMANA.