El pasado 10 de octubre, representantes de la comunidad Ware Waren, del municipio de Albania (La Guajira), enviaron una denuncia a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación sobre un contrato del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse).

Se trata de una alerta en torno a un contrato por 10.294 millones de pesos, que tiene como finalidad implementar “soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de cobertura a comunidades de zona rural y dispersa” en el municipio.

En su momento, SEMANA reveló que Alba Lucía Calderón Bueno, exsubdirectora de Contratos y Seguimiento, alertó sobre presuntas irregularidades en torno a la ejecución de más de 238.000 millones de pesos en el Ipse.

Entre los contratos sobre los que alertó aparece el convenio en Albania, que finalmente fue adjudicado por Electrocaquetá.

Una de las grandes preguntas es cómo una empresa caqueteña logra comprobar que sí puede ejercer funciones en un territorio tan lejano como La Guajira.

De acuerdo con la comunidad, el primer desembolso fue de $ 3.088.314.638. El Ipse y Electrocaquetá acordaron que se les entregaban cerca de 500 millones de pesos adicionales.

“Situación irregular y antieconómica, puesto que, dada la naturaleza jurídica del Ipse, su misión institucional, componente técnico, experticia específica y su amplia y costosa planta de personal, se puede desarrollar esta actividad sin costo adicional”, se lee en el documento.

Y asegura que el contrato que suscribió el Ipse en la zona no cumple con los requisitos de ley y sin transparencia, responsabilidad y selección objetiva. Igualmente, dice que es imposible cumplir el contrato hasta el 31 de diciembre, tal como se suscribió.

Luego pasan a argumentar un posible sobrecosto por parte de Electrocaquetá: “En algunos ítems superior a 300 %”.

“Así las cosas, resulta grotesco que el precio acordado en el contrato supere tres veces el valor real del mercado, lo que prueba, además de un presunto concierto para delinquir, un presunto enriquecimiento ilícito a costa de las necesidades del pueblo guajiro”, se lee en la denuncia.

Y usan como ejemplo una batería reportada en cerca de 10.000.000 pesos. En realidad, según los indígenas, puede costar cerca de 2.500.000 pesos.

Ellos mismos piden contactar a la exsubdirectora de la entidad, pidiéndole a la Fiscalía escucharla.

Los nombres de los denunciados se mantienen igual a lo largo de varias denuncias: “Danny Fernando Ramírez Bastidas, en calidad de director; María José Dangond David, en la calidad de jefe de Oficina Jurídica, y Luis Felipe Galván Caballero, en calidad de subdirector de Contratos y Seguimiento”.

Se siguen encendiendo alarmas en el Ipse, una entidad con múltiples cuestionamientos por posibles irregularidades durante el Gobierno Petro.