Se enciende una nueva polémica en el gobierno del presidente Gustavo Petro por una licitación. Esta vez, se trata de un proceso abierto por el Ministerio de Cultura por más de 16.000 millones de pesos para administrar el Museo Nacional y otras siete exposiciones adscritas a este.
Fue una invitación pública del 27 de febrero de 2024, en la que la cartera estableció como objeto “aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros” para colaborar en varias actividades en varios museos, entre ellos el Juan del Corral, Rafael Núñez, Antonio Nariño, Guillermo León Valencia, Casa Natal General Santander y su parque Grancolombiano, Antón García y Alfonso López.
El proceso siguió su curso, se presentaron las observaciones en las fechas estipuladas en el Secop. Finalmente, el mayor puntaje lo consiguió la Fundación Arteria y se le adjudicó el contrato a través de una resolución con fecha del pasado 19 de marzo.
De acuerdo con el documento, se le entrega por “cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, financieros, técnicos de experiencia y haber obtenido el mayor puntaje, acreditando la experiencia e idoneidad exigidas”.
A pesar de que todo estaba listo, después de cerrado el proceso, el Ministerio de Cultura designó otro comité evaluador. De forma sorpresiva para la fundación, se les revocó la adjudicación el pasado 3 de abril.
Con esto, el comité evaluador aseguró que hizo un cómputo erróneamente, por lo que adjudica el contrato a la firma CorpoElite. De esta forma, se ordenó realizar “el acto de adjudicación correctamente, en atención a los principios de transparencia e igualdad”.
Todo esto, según Fundación Arteria, a raíz de que el Ministerio de Cultura recibió una observación por parte de CorpoElite de forma extemporánea.
“MinCultura reconoce que decidió aceptar una solicitud extemporánea de otro proponente para revisar la adjudicación luego de haberse vencido los tiempos legales establecidos por el mismo Ministerio de las Culturas y los Saberes para cualquier reclamación. Así, el comité evaluador rompió las normas de contratación, lo que plantea un favorecimiento a la entidad que presentó esa solicitud, en contra de los intereses de la Fundación Arteria, que se mantuvo en todo momento dentro del marco legal”, indicó la fundación en un comunicado.
Además, según ellos, entre los argumentos del comité evaluador está que se puede revocar una adjudicación si “se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales”. Sin embargo, Arteria asegura que MinCultura no ha precisado de qué se trata dicha ilegalidad.
“Reiteramos que la Fundación Arteria no ha cometido ningún acto ilegal y se ha mantenido por dentro de las condiciones del proceso competitivo. En un derecho de petición hemos solicitado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que aclare esta situación que perjudica el prestigio de la Fundación Arteria y el buen nombre y honra de quienes trabajamos en ella”, exigió la fundación en un comunicado.
La fundación pidió que el Ministerio de Cultura rectifique lo que hizo, pero desde ya anuncia que adelantará acciones legales contra la cartera.
“Utilizaremos todos los recursos legales y judiciales para salvaguardar nuestros intereses, incluyendo un llamado a los órganos de control del Estado”, concluyó la comunicación de la organización.
Se trata de un nuevo pleito del Gobierno Petro por una licitación, que se une a casos como el de Thomas Greg & Sons, que tiene demandado al Estado colombiano.