La Casa de Nariño deberá enfrentar un nuevo señalamiento proveniente del Consejo Nacional Electoral. El magistrado Alfonso Campo presentará ante la Sala Plena de la autoridad una ponencia que pide abrir investigación y formular cargos contra el presidente Gustavo Petro.
El magistrado Campo les propondrá a los demás magistrados de la autoridad electoral investigar formalmente la campaña por el uso de propaganda electoral anticipada, la cual habría comenzado antes de lo permitido en el calendario electoral.
Se trata de una solicitud de la abogada Daisy Milena Gómez Otálvaro y otros, quienes afirman que se desplegó la campaña a través de prendas de vestir, vallas, volantes y demás material.
“Una vez analizado el material probatorio, allegado por los peticionarios y obtenidos de oficio por el Despacho Ponente, encuentran que la publicidad desplegada a través de elementos como gorras y prendas de vestir, vallas publicitarias, volantes y demás, con los cuales se apoyaba el proyecto político de Gustavo Petro como candidato a la Presidencia de la República, constituyó una especie de propaganda electoral tanto directa como indirecta”, argumenta el magistrado Campo en la ponencia.
Por esta razón, pide “abrir investigación administrativa y formular cargos en contra del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego”.
Pronto la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral deberá votar la ponencia, que implicaría un nuevo problema para la Casa de Nariño en la misma corporación, donde también se votará la propuesta de abrir una investigación por financiación irregular en la campaña Petro Presidente.
Los magistrados ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada piden formular cargos al presidente y a su gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por no reportar varios montos utilizados para la campaña debidamente, además de los cuestionamientos por el proceso que se adelanta contra Nicolás Petro en la Fiscalía.
Además, el Consejo de Estado confirmó que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar la financiación de la campaña del actual presidente. Sin embargo, como se conoce por la Constitución, afirman que no pueden ser ellos quienes lo retiren del cargo.
“En todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas y, con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo”, explicó el alto tribunal en el fallo.
Y en el fallo agregó: “Pasados los 30 días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos”.
Por otro lado, este tribunal remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una demanda que pide la pérdida de investidura del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez.
Esta demanda se basa en la posible violación de topes de financiación en la campaña, pero lo remite a la única instancia que puede separar al presidente de su cargo.