Este 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso en medio de una expectativa poco antes vista. Y no es para menos, en un escenario completamente inédito, las fuerzas de centro izquierda tendrán una bancada mayoritaria en el Senado y contarán, por ahora, con una coalición que les permite buen margen de maniobra para tramitar las reformas que por años han prometido. ¿Será la renovación o lo mismo de siempre?
El presidente electo Gustavo Petro, junto al Pacto Histórico, puede darse el lujo de haber logrado, menos de un mes después de ser elegido, el apoyo de las mayorías del Congreso: el Partido Liberal anunció que se declarará de gobierno, los conservadores están a punto de unirse a su coalición y Cambio Radical y la U revelaron que no le harán oposición. El Pacto Histórico tendrá al tiempo la presidencia de Cámara y Senado. Hay quienes ya hablan de la ‘aplanadora’ petrista.
Esta importante hazaña, sin embargo, tendrá que ser revalidada con el trámite de las reformas que por años han sido negadas por una clase política tradicional que se resiste al cambio.
Más allá de las reformas obligadas, que sí o sí tendrá que tramitar el Legislativo porque son parte del programa de gobierno, como la reforma tributaria y las modificaciones en materia rural, será la oportunidad de legislar sobre asuntos espinosos que resultan esenciales para la vida de los ciudadanos, pero a los que el Congreso año tras año les ha hecho el quite, como la regulación de la eutanasia, la reglamentación del aborto y la legislación en materia ambiental.
Este no es un asunto menor, pues la falta de reglamentación en casos como el del aborto, que fue despenalizado por la Corte hasta la semana 24 de gestación, somete a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo a un verdadero calvario por los vacíos normativos y la poca claridad frente a la ruta que se debe seguir para practicar este procedimiento.
Lo mismo ocurre con la eutanasia. En una sentencia de 1997, la Corte permitió esta práctica y exhortó al legislador a regular la muerte digna. Sin embargo, desde aquel momento se han hecho 14 intentos por entrar a legislar sobre este asunto y todos han sido hundidos. El más reciente ocurrió a finales del año pasado, con un proyecto del congresista liberal Juan Fernando Reyes.
Esto ha sometido a decenas de ciudadanos con enfermedades que les producen una largo sufrimiento a ver truncada la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando consideran que sus padecimientos son incompatibles con la vida.
Lo mismo ha sucedido con iniciativas de corte animalista, como la prohibición de las corridas de toros. O asuntos más liberales, como la legalización de la marihuana, que tiene de fondo todo un debate frente al cambio de paradigma en la lucha contra las drogas.
Mención aparte merecen los proyectos que buscan disminuir los amplios privilegios de los que gozan hoy los congresistas, como la disminución de sus salarios, el recorte de sus vacaciones y el endurecimiento del régimen de pérdida de investidura por inasistencia.
Este tipo de iniciativas históricamente se han hundido en medio de la desidia y la negativa al cambio de los congresistas. Cada vez encuentran formas más ‘creativas’ de hacerlo: se declaran impedidos, se ausentan de los debates o introducen ‘micos’ para que los proyectos se archiven por vicios de trámite. Será esta la oportunidad para el Congreso de enviar realmente un mensaje de renovación.
¿Reconciliación?
Este será, además, un Congreso en el que por primera vez las víctimas del conflicto tendrán bancada propia. Como parte del acuerdo de paz, se acordó que los territorios que fueron impactados directamente por la violencia tenían derecho a 16 curules en la Cámara.
Esta será la primera vez que los 16 representantes de las víctimas aterricen en el Congreso. Está por verse hasta dónde estos congresistas logran actuar como bancada propia y no se dejan cooptar por las fuerzas políticas tradicionales, que estarán al acecho de estos votos para sus propios intereses.
El simbolismo de tener a las víctimas en el Congreso toma mayor relevancia con el hecho de que estarán frente a frente con sus victimarios, pues el Partido Comunes, de los ex-Farc, seguirá por los próximos cuatro años con sus cinco curules aseguradas en la Cámara y cinco en el Senado.
Si la bancada de víctimas se declara de gobierno, como se ha llegado a especular, estaría remando del mismo lado que los excombatientes de las Farc, que ya son parte de la coalición de Petro. Una imagen impensable hace 10 años.
Pero la gran reconciliación tendrá que ser del Congreso con los colombianos. Si bien ahora las llamadas fuerzas alternativas, que serán gobierno, representan casi la mitad del Congreso, buena parte del otro 50% siguen siendo las fuerzas políticas de siempre, las del ausentismo, el clientelismo y los escándalos de corrupción.
De hecho, está claro que algunos de los partidos tradicionales que ahora buscaron cobijo en la coalición petrista lo hacen más por cuotas de representación burocrática que por afinidad con el programa de gobierno de Petro.
Además, para el Pacto Histórico, la fuerza política del nuevo presidente, el ser gobierno parece estarse convirtiendo en una ‘papa caliente’ y ha empezado a entrar en rencillas internas por el poder, tal como lo hacen los partidos tradicionales.
Será entonces la oportunidad de que el Congreso que giró hacia la centro izquierda demuestre que es realmente la renovación y no los mismos de siempre con diferente eslogan.
Es una oportunidad única pues, tal como advierten expertos, una mala gestión hará que en cuatro años el péndulo vuelva nuevamente hacia el otro lado del espectro político.