En Colpensiones hay una purga interna de personal, la primera de este año y el segundo gran despido desde el que tuvo lugar entre mayo y junio de 2023. Decenas de trabajadores, algunos sindicalizados, otros cercanos a su edad de pensión o quienes llevaban laborando en la entidad desde su creación en 2012, fueron retirados de sus cargos por despidos sin justa causa y por los que el Estado terminó pagando indemnizaciones que salen del bolsillo de los impuestos de los colombianos.
Al menos 30 personas pertenecientes a sindicatos salieron de la entidad entre septiembre de 2023 y enero de 2024, pese a que, al ser militantes de esas agremiaciones, cuentan con fuero sindical. Otras más que no estaban sindicalizadas también fueron apartadas de sus puestos de trabajo en direcciones clave como la de reconocimiento (que es la que determina a quién y en qué momento se le entrega su pensión a un adulto mayor).
Se trata de directores, subdirectores y jefes de las sedes regionales con salarios que vieron terminados sus contratos laborales por medio de una llamada telefónica en la que recursos humanos los instó a prender sus computadores para revisar un correo en el que estaba su carta de despido, o que se enteraron de que habían quedado desempleados porque fueron abordados en sus puestos de trabajo para notificarlos de su salida.
La entidad respondió que “en Colpensiones no se despide a nadie. La entidad, en su calidad de empleador, realizó durante 2023 cambios que corresponden al 1 por ciento de la planta de personal y en 2024 solo el 0,4 por ciento, que corresponde a colaboradores del cuerpo directivo, los cuales han sido indemnizados conforme a la normatividad vigente”.
SEMANA habló con seis de esas personas que perdieron recientemente sus cargos, quienes aseguraron que en su contra no existía ningún proceso por resultados laborales o acoso que permitiera justificar su salida. Coincidieron en que en la entidad se está haciendo una purga de funcionarios antiguos y resaltaron que Colpensiones se está quedando sin los profesionales que más conocen el tema pensional en el país.
Es más, una de ellas argumentó que el motivo por el que pide no publicar su nombre es que tiene claro que la masacre laboral actual es motivada por la administración de Jaime Dussán y que espera poder regresar a la compañía cuando se acaben el Gobierno de Gustavo Petro y, por tanto, el reinado de Dussán.
“Ha sido una masacre. Todas estas últimas semanas han sido terribles y no tengo oportunidad de conseguir trabajo a estas alturas, por mi edad”, cuenta uno de ellos. Fue despedido el jueves 11 de enero. Ese día vio pasar a nueve personas más con su misma situación por la oficina de recursos humanos, pero las cuentas de cuántos despidos van no son claras porque los sindicatos apenas están levantando el Excel con los nombres de los funcionarios que se fueron.
Había llegado a Colpensiones por concurso, presentando exámenes y un extenso proceso de selección. Ahora, desde afuera y pensando de qué vivirá hasta que cumpla la edad de pensión, está convencido de que “están politizando” a la compañía que tendría a su cargo parte de los ahorros pensionales de 18 millones de colombianos que están en el mercado de trabajo si se aprueba la reforma laboral.
“Están sacando a la memoria histórica de Colpensiones. Los que montamos todo desde el comienzo”, comentó otro de los que recibió su carta de despido en los primeros días del año y quien ascendió a altos cargos en la entidad a partir de concursos de mérito porque “no conozco políticos”.
Eran las 2:20 de la tarde de un día de septiembre de 2023 cuando otro de los exfuncionarios que habló con SEMANA recibió la notificación de que su trabajo de casi 11 años en la entidad había terminado. Hizo su informe de gestión, recogió sus cosas y se quedó con el deseo de ayudar a una paciente con cáncer terminal a tramitar su pensión. La mujer falleció semanas después sin conseguir pensionarse.
Esta fuente asevera que tenía claro que su despido se dio por cuestiones políticas y no técnicas, porque al notificarle le advirtieron que su salida era motivada por una necesidad de la hija de Dussán, quien para entonces era candidata al Concejo de Bogotá por el Pacto Histórico.
Ahora, Rocío Dussán es concejala y negó tener vínculo con los movimientos en la entidad: “No tengo absolutamente nada que ver con las responsabilidades del presidente de Colpensiones. Él hace su trabajo a un lado y yo al otro. Jamás he pedido un puesto, un cupo, en Colpensiones. Tengo una causa social y política, y un trabajo aparte al de él”, respondió la cabildante. “Es la primera vez que un presidente de una entidad como Colpensiones se la pasaba en el Congreso. Eso no sucedía con los otros dos presidentes con los que trabajé. Cuando salí habían salido muchas personas y eso hace que se empiecen a demorar los procesos pensionales”, relató la persona despedida.
Remezón en plena reforma
Al tratarse de cargos en direcciones, subdirecciones y gerencias regionales, quienes perdieron sus trabajos tenían salarios que marcaban a doble dígito y un conocimiento del sistema pensional colombiano que databa desde los tiempos del Seguro Social, entidad para la que algunas personas consultadas para este artículo laboraron.
Todo ese remezón técnico sucede justamente cuando la reforma pensional va para su segundo debate en el Senado. Desde Sintracolpen, el sindicato que agrupa a 950 de los 2.494 funcionarios de Colpensiones, aseguraron que los sindicalizados sí están de acuerdo con ese proyecto de ley y que lo que les preocupa es que se esté sacando de la entidad a quienes tienen el conocimiento para aplicarla cuando sea aprobada por el Congreso: el Gobierno Petro planea revolcar el sistema de pensiones y quienes conocen del tema ya no trabajan en él.
“La reforma pensional es beneficiosa para los colombianos, y Colpensiones solo podrá soportar ese reto con la experiencia de los trabajadores que superaron la represa del ISS, en justicia se deben respetar sus puestos de trabajo”, resaltaron los sindicalizados.
Pero cuando se trata de la empresa que dirige Dussán hay un antecedente que dificulta hacer cuentas sobre la magnitud de los cambios en la planta. SEMANA tuvo acceso a un documento interno que confirma que hasta enero de 2023 se crearon 924 puestos de trabajo de carácter misional tercerizados a través de la empresa de servicios temporales Misión Temporal Limitada, en el marco del contrato 037 firmado por la entidad. Para enero de 2024 ese número llegó a los 1.025 cargos.
La senadora Paloma Valencia denunció la salida de la directora contractual de la entidad en diciembre cuando ella, según el relato de la congresista, se opuso a suscribir contratos que implicaban presuntos sobrecostos para Colpensiones por más de 106.000 millones de pesos en el contrato del contact center.
La senadora también documentó que el costo de los contratos de misionales pasó de 31.000 millones de pesos por un año a 61.000 millones de pesos solo por seis meses: esos son los 924 nuevos puestos de trabajo tercerizados que pudo constatar esta revista. A esas modificaciones, Colpensiones responde que “se ha vinculado un nuevo personal importante, profesional, capaz y por supuesto que, por las recomendaciones que hacen los directores, se necesitan nuevos funcionarios con mayor compromiso con las políticas institucionales”.
Todo un revolcón interno en la entidad a cargo de ejecutar una de las principales reformas del Gobierno.