El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pretende a través de un proyecto de ley incluir en el Código Penal un nuevo delito que denominó obstrucción a la paz.
La iniciativa ya fue radicada en el Congreso y tipifica los crímenes contra la paz, es decir, aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus etapas, en la negociación o la implementación, explicó el congresista del Polo Democrático.
En otras palabras –según Cepeda–, busca que quienes cometan asesinatos de firmantes de paz o quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz, tengan que afrontar su responsabilidad penal, dijo textualmente el senador.
Contempla circunstancias agravantes cuando esta conducta es cometida por un servidor público, especialmente aquellos que ejercen funciones de Estado, “pues las penas se ven incrementadas de manera sustancial. También busca sancionar a quienes intenten desviar o sustraer fondos públicos destinados a la paz o promover actos de corrupción”, precisó.
El proyecto busca, además, reconocer los efectos de los conflictos armados en las mujeres, especialmente en las excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales, “estableciendo que la pena se agrava cuando se causa su muerte o son víctimas de lesiones personales”.
Igualmente, busca combatir la corrupción estatal, “agravando la pena cuando se empleen bienes del Estado para cometer el delito”.
“Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz y otras conductas delictivas, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango. Asimismo, contempla sanciones para los desvíos y la corrupción en los fondos públicos destinados a la paz”, reiteró el senador.
En realidad, este proyecto no es nuevo y tiene como antecedente el proyecto de Ley 314 de 2022 del Senado, que fue presentado, pero no fue discutido y se archivó. Sin embargo, según Iván Cepeda, integra nuevos elementos en su articulado e incorpora prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria.
Según Cepeda, “el proyecto de ley da cuenta de los desafíos que ha tenido que enfrentar el acuerdo final de paz con las Farc, desde las interceptaciones ilegales al equipo negociador, pasando por los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia, liderazgos sociales, firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados en el país, las afectaciones a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto, hasta los rezagos de su implementación”.
Finalmente, la iniciativa prevé la necesidad de que no se obstruya el cumplimiento de los acuerdos pactados en los procesos de paz, entre ellos “los acuerdos que buscan implementar medidas humanitarias en beneficio de la población civil, en especial la más vulnerable y afectada por el conflicto”.
Se desconoce la suerte que correrá este proyecto en el Congreso que hoy, por petición del Gobierno nacional, está dedicado exclusivamente a avanzar en el trámite y la aprobación de las reformas estructurales del presidente Gustavo Petro, que hasta el momento no han corrido con la mejor suerte.