En la estrategia de austeridad que está implementando el Gobierno nacional del Pacto Histórico se empezaron a tomar las primeras decisiones, una de estas está enfocada en el ajuste de las vacantes que existían en la Casa de Nariño.
En ese sentido, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dio a conocer que se congelaron 100 vacantes que tenían sueldos altos en la Casa de Nariño.
Lizcano, a su vez indicó que en el proceso de reestructuración de la Presidencia de la República no se eliminaron los cargos o puestos de trabajo de bajos salarios, con el objetivo de no afectar la estabilidad laboral de un amplio personal del Palacio de Nariño.
“Los 120 cargos eran vacantes y están congelados, esos 100 son realmente congelados, es decir, cargos que no proveímos y que vamos a eliminar”, sostuvo Lizcano.
Y agregó el alto funcionario del Gobierno nacional: “20 son de personas que renunciaron o que ya no están con nosotros en razón de que son de altos salarios, para que la gente lo tenga claro, aquí no estamos tocando de bajos ingresos, o de personal administrativo, ni secretarías, ni conductores, ni auxiliares de servicio”.
“Acá lo que estamos tocando son los altos salarios, de las personas que eran asesores de los altos consejeros, los que se ganaban $18 millones, $20 millones, etcétera”, aclaró Lizcano.
De la misma manera, tras 15 días, el gobierno de Gustavo Petro tendrá listo el proyecto de ley con el que pedirá facultades legales al Congreso para reestructurar su planta administrativa. Aun así, ya se conocen las primeras movidas internas con la que la nueva administración promete cumplir con su promesa de austeridad en el gasto.
SEMANA pudo confirmar que el presidente gobernará solo con cinco altos consejeros, de los 12 que existían y que le costaban al país algo más de 200.000 millones de pesos.
Entre ellos, está el alto consejero para la Paz, Danilo Rueda; la alta consejera para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo; el alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, y el alto consejero Digital, Saúl Kattan Cohen. Aún falta por confirmar la alta Consejería para la Reconciliación.
De momento, el gobierno Petro no ha eliminado las consejerías restantes, pero no las ha ocupado con los titulares y los funcionarios que pertenecieron a estas dependencias hasta el 7 de agosto pasado. Al menos 19 puestos no se ocuparían.
Dentro de las Altas Consejerías eliminadas están la de Seguridad Nacional, para la Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y la Equidad de La Mujer. La idea, según el director del Dapre, Mauricio Lizcano, es que algunas de las funciones pasen directamente a los ministerios.
Con esta directriz, la nueva administración promete ahorrar 33.000 millones de pesos en gastos de inversión y funcionamiento, al menos en lo que resta de 2022, y 50.000 millones en 2023.
Esta cifra se desprende de los dineros que se destinan para el pago de salarios y proyectos que se tramitan a través de estas dependencias.
Aunque, por un lado, la Presidencia ahorrará recursos económicos con la eliminación de las altas consejerías, pretende crear el Ministerio de la Equidad y el Ministerio para la Paz y Convivencia Ciudadana. El primero sería liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y en el segundo iría la Policía.
Hasta el momento se desconocen las inversiones que demandarían estos dos ministerios porque el proyecto está en borrador en el Dapre.
La idea es que el presidente pida unas facultades al Congreso que le permitan, a través de un decreto, crear sus dos nuevas dependencias después de noviembre de 2021.