En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó al Congreso de la República a legislar sobre un asunto que se ha convertido en toda una papa caliente: ¿Cómo determinar que un partido ha cumplido con la denominada la cuota de género si en sus listas a Congreso, asambleas y concejos hay personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer?
De esta decisión depende también lo que sucederá con las denominadas ‘listas cremalleras’ propuestas en la reforma política, que obligan a los partidos a componer sus planchas a Congreso, asambleas y concejos intercaladas entre mujer-hombre, mujer-hombre. Si en la lista aparece una persona de genero ‘no binario’, ¿la siguiente persona en el renglón debe ser un hombre o una mujer?
Si bien puede parecer un asunto técnico que atañe a discusiones netamente electorales, en realidad este debate toca derechos fundamentales de la comunidad LGBTI y también de las mujeres, pues la ley de cuotas lo que busca es justamente que ellas tengan por lo menos una mínima representación en el Congreso y otras corporaciones públicas.
Sin embargo, dos de los magistrados del CNE que firmaron la ponencia con la que el órgano electoral le pidió al Congreso legislar sobre el tema le reconocieron a SEMANA que esto en realidad lo que implica es dejar el tema en el limbo, pues el Congreso le suele hacer el quite a los llamados que vienen desde los altos tribunales y que generalmente involucran debates espinosos.
Por ejemplo, mientras que la Corte Constitucional ha venido avanzando en sentar jurisprudencia sobre asuntos espinosos, pero que tocan temas esenciales para la vida de los ciudadanos, como la regulación de la eutanasia, la reglamentación del aborto y los derechos de las comunidades LGTBI, el Congreso de la República históricamente les ha hecho el quite a estos asuntos.
Este no es un asunto menor, pues la falta de reglamentación en casos como el del aborto, que fue despenalizado por la Corte hasta la semana 24 de gestación, somete a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo a un verdadero calvario por los vacíos normativos y la poca claridad frente a la ruta que se debe seguir para practicar este procedimiento.
Este asunto resulta difícil no solo porque el tema del aborto levanta ampolla en el Legislativo –al punto que algunos sectores políticos ya han hablado de un referendo para revertir la decisión de la Corte–, sino porque el Congreso generalmente le hace evade este tipo de debates, lo que podría someter a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo a un verdadero calvario.
Según un informe conocido el año pasado, elaborado por la propia Corte Constitucional, en los 30 años que lleva funcionando el alto tribunal, en más de 90 veces ha exhortado al Congreso a que legisle sobre diversos temas. En muchos casos, el Legislativo ha hecho la tarea, pero ha preferido pasar por alto en otros asuntos más controversiales.
Por ejemplo, en una sentencia de 1997, la Corte permitió la eutanasia y exhortó al legislador a regular la muerte digna. Sin embargo, desde aquel momento se han hecho 14 intentos por entrar a legislar sobre este asunto y todos han sido hundidos. El más reciente ocurrió a finales del año pasado, con un proyecto del congresista liberal Juan Fernando Reyes. Actualmente hay un nuevo proyecto sobre la materia, pero ha sido aprobado apenas en uno de cuatro debates.
Esto ha sometido a decenas de ciudadanos con enfermedades que les producen una largo sufrimiento a ver truncada la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando consideran que sus padecimientos son incompatibles con la vida y a tener que acudir, en varios casos, a asesorías legales para avanzar en esta clase de procedimientos.
En contraposición, mientras el Congreso ha omitido regular la eutanasia, la Corte en varias sentencias no solo la permitió, sino que la extendió, en 2018, a menores de edad. Además, el año pasado la amplió a pacientes no terminales. Sin embargo, como no hay regulación, aún son varios los casos de pacientes que quieren ponerle fin a su vida debido a sus graves padecimientos de salud, pero que deben enfrentarse a la negativa de los actores de la salud.
Otro de los asuntos espinosos que está pendiente en el Congreso tiene que ver con el derecho a la protesta y manifestación, que se había regulado, en 2016, a través del Código de Policía. Sin embargo, en abril de 2017 la Corte declaró inexequibles esos apartados, puesto que la manifestación, al ser un derecho fundamental, debía regularse vía ley estatutaria, y exhortó al Legislativo a hacerlo. Hasta el momento, el Parlamento sigue en mora de regular esta materia.
Otra de las leyes que está en el tintero del Legislativo es la relacionada con la regulación de la práctica de las cirugías plásticas. Desde 2006, con la Sentencia C-355, la Corte Constitucional ha producido copiosa jurisprudencia sobre el tema en la que ha exhortado al Congreso a trabajar en este asunto.