Aunque la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) salió a explicar el polémico decreto 1077, que reestructura la entidad y crea nuevas funciones para la Dirección de Contrainteligencia con el fin de recolectar información bajo cualquier modalidad, la oposición colombiana no está tranquila e insiste en que ese documento podría revivir el fantasma de las interceptaciones ilegales.
La DNI asegura que dicho decreto solamente es una modificación orgánica de la entidad y que no habrá funciones adicionales a las ya existentes en las normas colombianas para trabajar en la protección del Estado.
Sin embargo, esa aclaración no fue satisfactoria para la oposición colombiana, y por esa razón acudió al Consejo de Estado para pedir la nulidad por inconstitucionalidad de dicho decreto, pues considera que es un retroceso en la defensa de los derechos humanos y que se podría violar la privacidad de la ciudadanía bajo la excusa de la seguridad nacional.
“Este decreto otorga poderes excesivos a la Dirección de Contrainteligencia de la DNI, lo que representa un grave riesgo para la privacidad, el derecho al debido proceso y la libertad de expresión en Colombia”, dijo el senador David Luna.
Además de esta acción judicial, Luna también llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y radicó una advertencia formal para alertar, según él, sobre la gravedad del decreto, que debe ser conocido por la comunidad internacional ya que la democracia colombiana está en riesgo porque el Estado busca una concentración de poder sin control alguno.
“La falta de transparencia y la desinformación pueden resultar en una violación masiva de los derechos humanos, sin posibilidades de defensa o justicia para los afectados”, dijo el congresista de Cambio Radical.
Tanto en la acción judicial ante el Consejo de Estado como en la CIDH, Luna argumenta que el decreto expedido por el Gobierno Petro es “intencionalmente ambiguo” y que abre la puerta a una multiplicidad de métodos de recolección de información que podría cruzar la línea de la legalidad para obtener información de cualquier ciudadano, opositor o periodista. “Esto no solo pone en riesgo el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones del Estado”, manifestó Luna.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también está preparando acciones legales en contra de dicho documento del Gobierno Petro y advierte que abre la puerta al perfilamiento, ya que el artículo noveno señala que la Dirección de Contrainteligencia podrá “asesorar al director general en la implementación de políticas y lineamientos institucionales para el desarrollo de las actividades de contrainteligencia con el fin de preservar y salvaguardar el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía y la seguridad nacional de actos hostiles por parte de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros”.
A juicio de la congresista, lo que no queda escrito puede tener cualquier interpretación, y ese texto podría significar que un acto hostil se configuraría con un simple trino de alguien que no esté de acuerdo con las políticas del Gobierno Petro. El decreto que ha generado toda esta polémica y que pasó desapercibida por el paro camionero, está firmado por Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de la Función Pública, César Manrique, y el director (e) de la DNI, Jorge Lemus, quien formó parte del M-19 y reemplazó a Carlos Ramón González, también exmilitante de ese movimiento.
El Consejo de Estado y la CIDH tendrán la última palabra en esta materia, porque la DNI asegura que la oposición no tiene de qué preocuparse, pero las alarmas siguen encendidas.