El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio al Gobierno nacional un plazo de tres meses para cumplir la Ley de Comisarías de Familia y reglamentar e implementar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación.
La decisión se dio en el marco de una acción de cumplimiento que interpusieron el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque y la edilesa de la localidad de Barrios Unidos, Jullbia Herrera.
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio una vez más la razón y profirió un fallo que además de histórico es determinante para proteger a nuestras mujeres. Nunca más en Bogotá y en ningún rincón de Colombia una mujer tendrá que huir y esconderse, es el agresor y el violento el que tiene que alejarse”, afirmó el concejal Rodríguez Sastoque.
Frente al recurso, el Tribunal consideró que el presidente de la República, Gustavo Petro, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia incumplieron la Ley 2126 de 2021 – Ley de Comisarías de Familia, particularmente, el literal b) de su artículo 18.
“Luego de dos años de la entrada en vigencia de esta ley, no se han dignado a reglamentar la utilización de los dispositivos electrónicos de distanciamiento y alerta de aproximación, que se utilizan en otros países como España para prevenir y proteger a las mujeres que son víctimas de violencia y están en riesgo de feminicidio”, agregó el concejal.
La importancia del fallo para combatir la violencia intrafamiliar y de género radica, según el cabildante, en que es innegable que el país está en Estado de Emergencia por Violencia de Género.
Además, según la Procuraduría General de la Nación, en los primeros cinco meses del 2023 se registraron 213 feminicidios a nivel nacional, 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual.
La Procuraduría reiteró a través de un comunicado su preocupación frente al aumento de casos de violencia contra la mujer y ocurrencia de feminicidios en el país, evidenciando que la escalada de violencia y la vulneración de derechos humanos no solo se presenta en situaciones de orden público e inseguridad ciudadana en los territorios, sino que ha escalado y permeado de manera preocupante en las cifras de violencia en razón del género y el sexo en Colombia.
Ante las alarmantes cifras que se han presentado en lo corrido del año, el Ministerio Público ha constituido 238 agencias especiales, 114 alertas de priorización y 4.142 alertas que se derivan de los casos de mujeres que son valoradas por Medicina Legal a la Procuraduría, mecanismo que permite generar una alerta al procurador o agente de la personería competente para que intervenga en el caso de forma prioritaria.
Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2023, en Norte de Santander se registraron 363 casos de violencia intrafamiliar, 229 en el contexto de pareja, y se han practicado 132 exámenes médico legales a mujeres, por presunto delito sexual.
Una situación que el ente ha hecho llamados de atención debido a que en el departamento en sus 40 municipios no se ha desarrollado el Mecanismo Articulador.
No para la violencia, ya van cuatro feminicidios en el Norte del Valle
Diana Carolina Larrahondo Arboleda fue la última víctima de los violentos en el Norte del Valle, la mujer fue atacada a disparos cuando conducía una motocicleta.
De acuerdo con las autoridades locales, el hecho fue en la tarde del lunes 21 de agosto en un sitio conocido como piscinas Hawaii, ubicado en el corregimiento El Pie, en la vía que comunica a los municipios de Roldanillo y El Dovio, en el noroccidente del Valle del Cauca.
Este caso se suma al de Ana Delia Arenas Betancourt, María Elena Montoya y al de Paola Peñaloza Martínez, a quienes también les quitaron la vida de forma violenta.