Mauricio Toro, presidente del Icetex, anunció el pasado lunes su salida de la entidad. SEMANA conoció que el excongresista de la Alianza Verde le entregó directamente al presidente Gustavo Petro su carta de renuncia, una decisión que venía contemplando desde diciembre de 2023, pero que quiso cristalizar hasta finalizado el mes de febrero. El retiro de Toro se hace efectivo este viernes 23 de febrero.
Con motivo de la renuncia del funcionario, varias organizaciones estudiantiles, como Aceu, Universidades Unidas, Anjeco y Veeduría Estudiantil Nacional enviaron en las últimas horas una carta al presidente Gustavo Petro en el que cuestionan su labor al frente de la entidad.
En el texto, aseguran que de Toro recibieron “indiferencia” frente a sus demandas. De igual manera, manifiestan que el saliente presidente de Icetex no estuvo “alineado con el programa de Gobierno” y las “demandas históricas” del movimiento estudiantil.
“Desde la llegada del Gobierno del cambio al Ejecutivo, hemos estado, desde el primer momento, dispuestos a poner al servicio del país nuestra voluntad y nuestras ideas para materializar las demandas que nos han movilizado durante años. Sin embargo, en el Icetex nos hemos encontrado con la indiferencia y la falta de respeto por parte de Mauricio Toro y su equipo de asesores. Es por esta razón que nos vemos en la obligación de comunicarle que no es cierto que Mauricio Toro haya estado alineado con el programa de Gobierno y las demandas históricas del movimiento estudiantil. Por el contrario, en su gestión siempre apostó por profundizar el modelo de los gobiernos anteriores, realizando solo cambios cosméticos, como repetir hasta el cansancio que el Icetex ahora es “más humano”, señalan.
En la carta las organizaciones también le piden a Petro que el nuevo presidente de Icetex sea una persona que “verdaderamente esté comprometida con el cumplimiento de las promesas de campaña y el programa de gobierno, que atienda las demandas de los usuarios del Icetex y las luchas que el estudiantado en general ha defendido, y que continúe con el objetivo de hacer de la educación en Colombia un derecho fundamental y un bien común”.
“Invitamos al Gobierno nacional a mantener canales de comunicación constantes que propicien la participación política del movimiento estudiantil y brinde todas las garantías para que sea amplia, democrática, diversa, libre de violencias y segura para todas y todos. Es hora de reformar de una vez por todas la Ley 30 de 1992, que desde hace mucho tiempo no responde a las necesidades de la educación superior pública, y juntos logremos una nueva ley de educación superior”, subraya la misiva.