Ya no hay excusa. El Consejo Nacional Electoral tiene las facultades para investigar al presidente Gustavo Petro por sus actuaciones como candidato, es decir, por la campaña presidencial del 2022. Esto, pese a que abogados afines al jefe de Estado han tratado de atravesarse en la investigación administrativa que adelanta el CNE y han buscado quitarle las competencias al tribunal administrativo.
Este viernes 20 de septiembre la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, rechazó una tutela “por improcedente” donde pedía que se ordenara al Consejo de Estado que remitiera por competencia a la Corte Constitucional el conflicto de competencias suscitado entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara, a la hora de decidir a quién le correspondía investigar al primer mandatario.
Aunque la Sala de Consultas del Consejo de Estado ya había emitido un concepto y le había reconocido las facultades al CNE, la fundación Dilo Colombia, que instauró la tutela, consideró que fue contraria al ordenamiento superior. La Sala de lo Contencioso Administrativo consideró que esta fundación no actuó como apoderada o agente oficiosa del presidente y, por tanto, declaró la tutela como “improcedente”.
En ese orden de ideas, el petrismo perdió un cartucho más que utilizó el abogado de Gustavo Petro, Héctor Carvajal, para pedirles a los magistrados del CNE que se abstuvieran de votar el pliego de cargos contra la campaña presidencial en espera de la respuesta de la tutela.
Por esto, el próximo lunes 30 de septiembre, si nada extraordinario ocurre, la defensa del presidente no tendrá más excusas para dilatar la votación del pliego de cargos contra la campaña presidencial, cuyos ponentes son los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. En casi 400 páginas, concluyeron que la candidatura de Gustavo Petro violó los topes de campaña en más de 5.300 millones de pesos en las dos vueltas.
Actualmente, el expediente del CNE lo tiene la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al presidente, quien sorpresivamente lo solicitó el lunes pasado porque ella estaba incapacitada cuando todos los magistrados votaron en la sala plena para que se rotara al tiempo.
SEMANA conoció que el objetivo de los abogados de Petro y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es extender la investigación hasta junio de 2025 y lograr la caducidad del proceso. Por eso, aunque no tendrían más salidas, buscarán la vía de la Corte Constitucional. Solo ganan tiempo y no logran la votación del pliego de cargos.
Aunque las pruebas son contundentes contra la campaña presidencial, Petro ha buscado demeritar el trabajo investigativo de los magistrados Prada y Ortiz, quienes durante más de seis meses obtuvieron contundentes declaraciones, documentos contables y facturas electrónicas de la Dian que confirmarían que hay más de 5.000 millones de pesos que se pagaron en la contienda política del 2022. Sin embargo, no habrían sido reportados a las autoridades electorales como ordena la ley.
Si el próximo 30 de septiembre el CNE decide votar en favor del pliego de cargos contra Petro y su campaña, se iniciará la investigación formal, vendrán los descargos y antes de junio de 2025 se tomaría una decisión final.