Al ser electo presidente de los colombianos, en su discurso de victoria Gustavo Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa que liberara a los presos de la primera línea. Con esa solicitud, calificada como el aparte más polémico de sus primeras palabras como jefe de Estado, se supo que el compromiso con quienes protestaron seguía durante el Gobierno.

El estallido social en medio del gobierno del expresidente Iván Duque, que se prolongó con marchas hasta abril de este año, fue uno de los principales propulsores de la candidatura presidencial del actual mandatario. El inconformismo y rechazo a la política tradicional le dio fuerza a la opción de Petro como quien solucionaría sus problemas.

Sin importar la violencia, los bloqueos y el vandalismo que abundó en las jornadas, el entonces senador y sus aliados defendieron a los miembros de la manifestación. Incluso, Gustavo Bolívar colaboró para recolectar fondos que financiaran implementos para que la primera línea se protegiera durante los enfrentamientos.

De forma contundente, se explotó el potencial electoral de este grupo de manifestantes y la izquierda ganó. Esta ayuda, tanto para elecciones parlamentarias como presidenciales, la agradece el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico en forma de luchar por uno de sus más reiterativos pedidos: el indulto y amnistía a miembros de la primera línea, presos por crímenes en el marco de la protesta.

En medio del paro nacional y otras protestas, presuntos miembros de estos grupos de manifestantes fueron sorprendidos agrediendo policías y agentes del Esmad, vandalizando y destruyendo bien ajeno, bloqueando vías, causando incendios y poniendo en riesgo la integridad de otros ciudadanos. Por esta razón, según los cálculos de la bancada del Pacto Histórico, existen cerca de 200 jóvenes privados de la libertad por dichos actos.

A pesar de las investigaciones y los múltiples operativos en las principales ciudades del país para capturar a estos sujetos, el Gobierno sostiene que se trata de presos políticos que son judicializados sin pruebas suficientes.

Bajo esta tesis, el Gobierno incluyó dos artículos en el proyecto de reforma a la ley de orden público, pieza fundamental de la llamada paz total, en los que se facultaba al presidente Petro para suspender órdenes de captura, medidas de aseguramiento y hasta indultar a miembros de la primera línea.

Esto causó revuelo tanto en la coalición de Gobierno como en sectores independientes y la oposición. En medio de la incertidumbre y con poca capacidad de maniobra por el rechazo de la opinión pública a los llamados ‘micos’ de la paz total, el presidente dio la orden de retirar ambos. Los congresistas del Pacto Histórico, a regañadientes, accedieron.

Horas después de que se conociera el retiro de ambos apartes del proyecto, Gustavo García, viceministro del Interior, evidenció que el compromiso con la primera línea no acaba ahí.

Un grupo de primera línea protestó por la liberación de sus compañeros capturados cerca al Portal de las Américas y el funcionario, quien llegó para dialogar con el fin de que se desbloqueara la avenida Ciudad de Cali, mostró que estaba de su lado.

A pesar de que apedrearon el vehículo del director de la Policía Nacional y violentaron a uniformados de la institución, el viceministro García aparentemente intervino para que dejaran libres a dos jóvenes detenidos en una tanqueta y, entre risas con los líderes, les prometió que se avecinaba un nuevo proyecto que proponía amnistía e indulto para ellos.

Efectivamente, el martes pasado, un grupo de congresistas del Pacto Histórico radicaron un proyecto de ley “por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de indulto y amnistía en relación con la protesta social”.

De esta forma, la bancada de Gobierno busca crear una ventana de oportunidad para perdonar los “delitos políticos y conexos con estos” en el marco de las protestas que se llevaron a cabo entre el primero de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.

De aprobarse la iniciativa, el Ministerio de Justicia otorgaría el indulto luego de una solicitud del interesado y máximo dos meses después expedirá un acto administrativo que acredite el indulto. Todo esto, a cambio de un compromiso de efectuar “actividades y prácticas restaurativas” por un año. La amnistía a quienes son investigados y procesados por estos hechos también aplicaría, cesando la acción penal de inmediato para quienes pidan ser cubiertos.

Los beneficios no aplicarían para delitos como secuestro, violencia sexual, terrorismo, concierto para delinquir agravado y aquellos que presenten violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto abre la posibilidad de que se le otorgue el beneficio de casa por cárcel a personas que estén siendo investigadas por estas acciones.

De acuerdo con el representante Alirio Uribe, uno de los autores del proyecto, pensaron que podría ser una buena opción para combatir el hacinamiento carcelario. “Es detención. Son personas que no han sido condenadas, sino que se presumen inocentes. Si se produce la condena, cambia la medida de aseguramiento”.

Con las solicitudes y con información de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia deberá analizar caso por caso y determinar si proceden los beneficios. Las autoridades, en todos los casos, “deben dar un trámite prevalente a lo que solicite el ministerio”.

Algunos de estos congresistas mantienen contacto estrecho con los miembros de la primera línea recluidos en las cárceles del país. En la Cámara de Representantes y el Senado de la República se crearon comisiones accidentales especialmente dedicadas a buscar alternativas para la liberación de los manifestantes de la primera línea. Por medio de esta iniciativa, los parlamentarios del Pacto Histórico visitan a los jóvenes y hacen llegar sus peticiones al Gobierno.

El representante Uribe, quien lidera la iniciativa, asegura que se han visitado 15 cárceles y faltan otras 10.

De acuerdo con el representante Andrés Cancimance, uno de los impulsores del proyecto de amnistía e indulto, el Gobierno acompañó y avaló la creación del proyecto.

“Este proyecto lo construimos mucho antes de que se convirtiera en el artículo 16 y 17 del proyecto de paz total. Lo construimos con el aval y acompañamiento del ministro de Justicia. El ministro y el mismo presidente están al tanto del proyecto”, dijo, en conversación con este medio.

Además, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene contacto con los miembros de la primera línea que buscan que sus compañeros sean indultados. El pasado miércoles hubo una reunión con los manifestantes, en busca de alternativas para liberar a los presos del grupo. SEMANA conoció que también estuvieron presentes funcionarios del Ministerio del Interior.

La otra vía para la liberación de los presos de la primera línea es la mesa de alternatividad penal. El ministro, junto a la Fiscalía y Naciones Unidas, buscará que se revise caso por caso para considerar liberar a algunos reclusos.

Los congresistas aceptan que la puja por liberar a los presos es un gesto de agradecimiento con la primera línea, después del apoyo recibido durante los años pasados y la forma en la que también se manifestaron en las urnas.

“El hecho de que haya habido un cambio de gobiernos tradicionales a un gobierno alternativo tuvo mucho que ver con las protestas. Eso genera ese agradecimiento del presidente Gustavo Petro y de nosotros mismos como bancada del Pacto Histórico. Nos sentimos en deuda con esos jóvenes”, dijo Uribe.

Después de casi tres meses de mandato, el presidente Gustavo Petro ha cambiado de opinión en términos ambientales, económicos y ha tenido que ceder en varios aspectos de su política por inconveniencia. Por otro lado, existe un claro pacto entre el Gobierno y la primera línea, obligando al oficialismo a sacar a los presos de las manifestaciones de las cárceles, sin importar el costo político que esto signifique.