Este miércoles, congresistas del Pacto Histórico, Centro Democrático y Alianza Verde se unen para radicar el proyecto de Acto Legislativo de reforma al Congreso de la República. Puntualmente, la iniciativa busca ampliar los periodos de sesiones ordinarias, modificar causales de pérdida de investidura y bajar los salarios de los congresistas.
Después de presentar proyectos por separado, los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Paloma Valencia, Catherine Juvinao y Hernán Cadavid lograron un consenso para quitarle beneficios clave al Congreso, una iniciativa que, a pesar de múltiples intentos, no prospera en el Legislativo.
En primer lugar, se busca modificar el artículo 138 de la Constitución con el fin de reducir el receso legislativo. De aprobarse, pasaría de cuatro meses anuales a dos meses y 16 días. El primer periodo de sesiones iría desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre. El segundo, por otro lado, se estipularía desde el 1 de febrero hasta el 20 de junio.
A su vez, en las sesiones realizadas desde el 1 de febrero hasta el 16 de marzo de cada legislatura, “no se podrán tramitar proyectos de actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, o proyectos de iniciativa gubernamental, con excepción del Plan Nacional de Desarrollo”.
El artículo 183 de la Constitución también se modificaría fortaleciendo las causales de pérdida de investidura para un congresista. Una de las adiciones es la inasistencia injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones plenarias en las que se discutan o voten proyectos de Acto Legislativo, ley o mociones de censura.
“También se incurrirá en esta causal por la inasistencia injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones de comisiones constitucionales permanentes, en las que se voten proyectos de acto legislativo o de ley”, dice el texto del proyecto.
La segunda adición será la pérdida de investidura por “obtener prebenda como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley o Acto Legislativo, moción de censura o en ejercicio de la función electoral”.
La prebenda, según explica el nuevo artículo, se entiende como cargos, contratos o recursos. A su vez, cualquier beneficio actual, real y directo que recibe el congresista o un tercer por el indicado a cambio de la participación o no en dichas actividades legislativas.
“Deberá comprobarse que la prebenda se recibe como contraprestación y que sin su existencia, su participación o no, o su voto hubiera sido distinto”, detalla el proyecto de Acto Legislativo.
Los congresistas proponen también la modificación del artículo 187 de la Constitución, el cual es motivo de polémica por los múltiples intentos para reducir el salario de los parlamentarios. De aprobarse el proyecto, la remuneración mensual de un congresista, incluyendo factores salariales y no salariales, no podrá exceder los 23 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta se reajustará cada año, en proporción igual al aumento del salario mínimo.
Además, resolvería que la remuneración de los congresistas no se entenderá como un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de otros funcionarios públicos. En cambio, el criterio será el salario del presidente de la República.
Al igual que el proyecto del Pacto Histórico, esta reducción salarial aplicaría desde el 20 de julio de 2026, pero la propuesta tiene un parágrafo que implicaría una reducción inmediata.
A partir de la promulgación del Acto Legislativo, como medida de austeridad estatal y solidaridad, la remuneración mensual de los congresistas tendrá un impuesto del 20 %, fijado por la ley. Con esto, la asignación mensual quedaría en 28′252.906 pesos desde este periodo.
Se trata de una fusión entre el proyecto del Centro Democrático y el de la bancada de Gobierno, unidos para eliminar algunos beneficios de los congresistas. Se espera que, en medio de la avalancha de propuestas para dicho fin, la iniciativa sea apoyada por los oficialistas y la oposición.