La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo una grave denuncia de un supuesto pago de favores a una de las financiadoras de la campaña del presidente Gustavo Petro. Alertó que habría distintas irregularidades en ese proceso y, de por medio, hay millonarios contratos.
“Descubrimos el camino de la corrupción con SuperGiros para pagarle los favores políticos al Pacto Histórico”, aseguró la congresista uribista.
Según Valencia, una de las primeras pruebas que recopiló fueron los ‘petrovideos’ publicados en exclusiva por SEMANA. En uno de ellos, el exsenador Roy Barreras asegura que SuperGiros ayudó a la campaña de Petro en la primera vuelta y que podrían hacer un aporte adicional de 500 a 1.000 millones de pesos para la segunda.
Según Barreras, la junta directiva de esa empresa quería “explicar” cómo ellos podían ayudar en un “sistema cooperativo financiero” y ayudarle a Petro para acabar con el “monopolio financiero”, y que por eso están dispuestos a hacer el aporte.
La senadora del Centro Democrático reclama que, según una sentencia de la Corte Constitucional, está prohibido el aporte de empresas (personas jurídicas) a campañas presidenciales y que esos apoyos financieros no estarían registrados en los reportes del mandatario.
La denuncia de Valencia radica en que ese pacto mencionado por Barreras se habría cumplido a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) a cargo de Cielo Rusinque, ya que se le dio a SuperGiros el contrato para las transferencias monetarias de todo el programa de Colombia Mayor por 20.000 millones de pesos. La congresista presenta los documentos como pruebas.
Además, la senadora dice que para lograr que SuperGiros hiciera esas transferencias, el DPS retrasó la entrega de esos subsidios, demorando la entrega de recursos, ya que en enero y febrero no fueron dados a tiempo. El DPS en un comunicado reconoció el retraso.
Valencia también reclama que, de parte del Gobierno, se le ha hecho publicidad gratuita a SuperGiros a través de sus canales oficiales.
“Pero esto no acaba aquí. El CNE abrió investigación preliminar a la campaña presidencial de Petro. Según la denuncia, Ricardo Roa, el nuevo presidente de Ecopetrol, no reportó donaciones en efectivo que se recibieron en la sede de la campaña”, aseguró la senadora del Centro Democrático.
En el entramado, Valencia también señala a Xavier Vendrell, uno de los dos asesores catalanes que contrató Petro para la campaña presidencial y a quien se le otorgó la nacionalidad colombiana en medio de cuestionamientos por su cercanía con el mandatario. Vendrell ha tenido escándalos a nivel internacional, ya que fue un exterrorista catalán. Según Valencia, Vendrell lideró testigos electorales a los que se les habría pagado a través de SuperGiros, esa información fue revelada también por La Silla Vacía.
En el caso también estaría involucrado el Banco Agrario, puesto que ―según Valencia― desde el pasado 14 de mayo se le entregó a través de contratación directa a esa entidad financiera el programa de Familias en Acción. Y que uno de los propósitos de esa jugada sería mejorar la posición negociadora del Estado colombiano y ahorrarle costos a las entidades. La senadora dice que eso no se ha cumplido.
“El contrato con el Banco Agrario se realizó con una tarifa de 3.200 pesos por cada familia a la que se le gira su recurso”, afirmó. Y que hay otras entidades financieras con tarifas más bajas, como por ejemplo Davivienda que es a 2.576 pesos.
Valencia reclama que tampoco es cierto que el Banco Agrario garantice el 100 % de cobertura, como se ha anunciado desde el DPS. La senadora dice que cuenta con el 70 % y que gracias a otras entidades privadas aliadas logra el 96,5 %, entre ellas SuperGiros.
La senadora aseguró que la eficiencia del Banco Agrario no es la mejor y que se han presentado largas filas para el programa de renta ciudadana y Familias en Acción, en Boyacá y otras partes del país. Esto lo evidenció con videos ciudadanos que así lo denuncian.
“Prosperidad Social no tenía que realizar contratación directa. Necesitaba hacer un acuerdo marco real para revelar que otras entidades privadas podrían ofrecer costos de comisión más bajos. La doctora Cielo Rusinque podría estar incurriendo en detrimento patrimonial”, aseguró Valencia.
La congresista uribista dijo que la directora del DPS deberá responder cuál es la razón por la que los subsidios del Estado se muevan a través del Fondo de Inversión para la Paz y qué relación tiene con Familias en Acción.
“Los recursos sociales del Estado están en peligro. Demandaremos las actuaciones de Cielo Rusinque. Y ojo a esto. En la adición presupuestal del gobierno que se encuentra en el Congreso, el DPS será la entidad que más recursos recibirá: cinco billones de pesos adicionales”, afirmó la congresista del Centro Democrático.
Por ahora, Rusinque no se ha pronunciado sobre estas denuncias. SEMANA intentó contactarla, pero hasta ahora no ha habido respuestas sobre este caso.