En la mañana de este viernes 9 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Según el ente acusador, la exfuncionaria es la “posible responsable de varias conductas delictivas” en la celebración de más de un centenar de contratos, por lo que le investigará por el delito de de contrato sin cumplimiento de requisitos.
La Fiscalía señaló que, en la noche del 28 de febrero, luego de que el presidente le solicitó públicamente la renuncia, la exministra ordenó terminar “de manera selectiva y subjetiva” 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Estos tenían una vigencia de cuatro meses.
“En las actas de terminación anticipada, cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023″, se lee en el comunicado de la Fiscalía
Por su parte, la exministra de Deporte, en diálogo con Caracol Radio, indicó que “no veo en dónde la Fiscalía me pueda imputar cargos por haber organizado el Ministerio” y señaló que lo que hizo no fue para beneficiar a ninguna persona, empresa o entidad.
“Con la resolución que sacó el señor presidente Gustavo Petro, se podían hacer contratos por 4 meses o por 11 meses, pero la carga laboral para ellos era muy grande y empezamos el proceso de subir. Cuando dijeron que me tenía que ir, el mismo sindicato me llamó y dijo que estaban con carga laboral y subimos los contratos”, indicó la ex alta funcionaria del Gobierno de Petro.
Por otra parte, destacó que no fueron 106, sino un total de 350 contratos que terminaron y renovaron, de una muestra de 2.700 trabajadores, hasta los 11 meses, aseveró Urrutia.
Frente a la futura imputación de cargos que se viene en su contra, Urrutia destacó que “para mí no es grande lo que me están imputando, porque como ordenadora de gastos tengo que responder”, indicó Urrutia, quien aseveró que con sus actos administrativos lo que buscada era ordenar el Ministerio y evitar detrimento patrimonial, ya que su objetivo era que en el Ministerio se optimizaran los contratos y funciones, y pasar de más de 2 mil funcionarios a 500.
Por último, dijo que está tranquila y está segura, que va a salir bien librada porque “yo no me traje una maleta llena de plata para la casa”.
Asimismo, reveló que hasta ayer -8 de junio- Urrutia fue oficialmente la ministra del Deporte. “Nunca me notificaron y nunca me aceptaron la renuncia, lo que pasa es que uno se queda tranquilo y no se pone a pelear con nadie, pero a mí apenas ayer em notificaron y sacaron la resolución de mi renuncia”, dijo.
Urrutia declaró que “los actos administrativos que ha hecho la ministra que llegó no son válidos, porque hasta ayer habíamos dos ministras. Yo no dije nada porque ese no es mi problema”. Además, indicó que desde la fecha en que el presidente anuncio su salida del Ministerio no ha ejercido el cargo de titular de la cartera de Deporte.
La impresionante feria de contratos de María Isabel Urrutia
Como no había ocurrido en la historia reciente del país, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue declarada insubsistente por orden del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de marzo. La salida por la puerta de atrás de una de las glorias del deporte colombiano encendió las alarmas y generó más de un interrogante. SEMANA revela las razones de su sorpresiva salida y que tienen que ver con serias sospechas por presuntas irregularidades en una auténtica maratón de contratos.
En total son 202 procesos que están en la mira de los organismos de control. Todos ellos fueron suscritos entre el sábado 4 de marzo y el lunes 6 de marzo, es decir, cuando Urrutia había dejado de ser ministra, según las primeras indagaciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco. Los hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La velocidad relámpago de la contratación de los 202 convenios es llamativa y hubo movimientos de documentos hasta la medianoche, tal como lo denunció el abogado Daniel Briceño. Los recursos comprometidos ascienden a 24.000 millones de pesos.
Las fechas muestran que, antes de ese fin de semana, el volumen de contratos era otro en la entidad: entre el 16 y el 20 de enero, en el Ministerio del Deporte se firmó solo un contrato; entre el 23 y el 27 de febrero fueron 40; entre el 30 de enero y el 3 febrero fueron 39; entre el 5 y el 10 de febrero, 34; entre el 13 y el 17 de febrero, 37; entre el 20 y el 24 de febrero, 64, y entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, 25.
Esos 202 contratos representan el 45,7 % del total que se ha firmado este año en ese ministerio. En total, son 442 contratos en lo corrido de 2023. Ese fue el primer punto que generó una gran alerta en la Presidencia.
Otra preocupación de la Secretaría de Transparencia es que, de esos 202 contratos, 106 seguían teniendo funciones activas, es decir, contaban con contratos vigentes con la entidad, lo que podría conllevar a una doble contratación y a problemas más graves.
En un documento enviado por la Secretaría de Transparencia a la Contraloría, y que conoció SEMANA, se detalla la documentación de esos 106 contratistas que tuvieron duplicidad. En el archivo se evidencian los nombres y datos de cada uno de ellos. Los contratistas tenían funciones hasta abril o mayo. El problema es que, antes de que se les venciera la prestación de sus servicios, Urrutia firmó directamente con ellos un nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.
Idárraga aseguró que un requisito para acudir a ello es que se presente un acta de terminación del contrato anterior, que fue radicada en algunos de los casos. Sin embargo, 79 de ellos volvieron a contratar con el Ministerio del Deporte con los mismos objetivos, tareas, obligaciones, certificados, entre otros documentos que deben ser presentados. Solo 27 contratos tuvieron un nuevo propósito. “Se trata de un ajuste de redacción en muchos casos o de la tarea que podía modificar sus honorarios”, alertó el secretario de Transparencia, quien dice que se pudo haber incurrido en un posible detrimento patrimonial.
Asimismo, se habría vulnerado el principio de planeación “al no tener en cuenta que tendría suscritos contratos con objetos iguales con los mismos contratistas”, según el documento enviado por la Secretaría de Transparencia a los organismos de control. Eso quiere decir que se usó la misma justificación en la segunda contratación, sabiendo que la actividad estaba cubierta y en ejecución por un par de meses.
Advirtió que, para que la exministra Urrutia hubiera llevado a cabo esa tarea, debía presentar una justificación y una autorización, documentos que deben ser publicados en el Secop. Sin embargo, en las investigaciones solo se encontró el primer documento. El segundo no fue cargado al sistema.
El Decreto 2209 de 1998 establece que se podrían suscribir los contratos sin ese documento con una autorización expresa del “jefe del órgano”, pero esta tampoco fue detallada. “En la verificación realizada no fue posible evidenciar la existencia de dicha autorización”, aseguró Idárraga.
El secretario de Transparencia advirtió que, en el caso de las justificaciones, también hubo inconsistencias, ya que se encontró un número menor a los contratos suscritos. En el paquete que se está investigando hay seis categorías de contratos para prestar servicios profesionales y de apoyo.
En el primer grupo de modelo contractual se suscribieron 56 contratos y solo se justificaron 30; en la segunda se firmaron 31 contratos y se justificaron 30; en la tercera hubo 30 contratos y hubo 13 justificaciones; en la cuarta, 18 contratos y se presentaron 16 justificaciones; en la quinta se evidencian 14 contratos y solo radicaron 11 justificaciones, y en la sexta firmaron seis contratos y solo hay tres justificaciones.
Por esa razón, Idárraga anotó: “Los contratistas no tuvieron ningún reparo personal para suscribir inmediatamente un nuevo contrato con la misma entidad para la misma actividad. Situación que demuestra la posible premura que se tenía en la formalización de los contratos actuales, pese a que la ministra tenía pleno conocimiento de su salida del cargo”. En otras palabras, los contratistas, sabiendo que tenían un contrato con el Ministerio del Deporte que no había finalizado, aceptaron suscribir uno nuevo hasta fin de año. Los organismos de control deberán establecer si los contratistas incurrieron en celebración indebida de contratos.
La Secretaría de Transparencia sigue indagando en más posibles irregularidades en la contratación del Ministerio del Deporte, en los meses que estuvo María Isabel Urrutia. Idárraga afirmó que nunca antes había visto una contratación de este tipo y que considera “sospechoso” cómo se llevaron a cabo. “Nos parece desafortunado ese manejo, y más que una sospecha, lo que nos genera es un sinsabor, porque desafortunadamente se dan esos contratos cuando ella ya conocía su salida del ministerio”, señaló el secretario de la Presidencia.
Por su parte, la exministra Urrutia no contestó las llamadas y mensajes de SEMANA para responder ante estas denuncias. Tras el escándalo, la exfuncionaria publicó un comunicado en el que dijo que está dispuesta a aportar las pruebas a los entes de control y que todo se desarrolló en el marco de sus funciones. Reconoció que se hicieron “giros directos” a federaciones deportivas “eliminando la intermediación” y entregas para premios de deportistas de alto rendimiento, “entre otros”. Ahora, la responsabilidad está en manos de la Fiscalía y los entes de control para determinar qué sucedió.