SEMANA: El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que se pedirá una ampliación de tiempo para la implementación del Acuerdo de Paz, ¿Esto qué significa?
PASTOR ALAPE: Lo primero que debo decir es que esa es una decisión, por ahora, unilateral. Se ha hablado sobre esta posibilidad para que se abran espacios en el tiempo de tal manera que se pueda implementar el acuerdo en su integralidad. Es bien sabido por el país que la Corte Constitucional se ha manifestado en sus cosas inconstitucionales sobre la implementación del acuerdo y si cogemos punto por punto, hay atrasos considerables en esa implementación. De tal manera que esa sería una posibilidad de generar las condiciones para que el Estado haga los ajustes normativos que aún faltan, como la reforma política en la que no se ha podido avanzar con base en los criterios que se establecieron en el acuerdo de paz.
Así que, por ahorra, es una iniciativa unilateral del Gobierno en la que la que esperamos dialogar sobre cómo sería el proceso y de igual manera, conocer la opinión de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de otros sectores.
SEMANA: ¿De qué o de quién depende esa ampliación que se está poniendo sobre la mesa?
P.A.: Tendrían que ser las altas partes contratantes, es decir, el Estado y quienes representamos a las extintas Farc-EP en el proceso de negociación y que sellamos este compromiso. Las partes definen esta situación. Pero dada la importancia del tema, pues necesariamente hay que consultar otros sectores que tienen responsabilidad en el acuerdo como la comunidad internacional, países garantes, la misma misión de las Naciones Unidas porque tienen esa función de seguimiento. Su opinión es muy importante y hay que escuchar a los sectores políticos, también. Esto hay que hacerlo para mirar la ruta jurídica y legal para implementar esa posible extensión.
SEMANA: ¿Cómo funcionaría esa normativa porque ya existe un Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz?
P.A.: Hay que profundizar más en la iniciativa para aterrizarla en los términos jurídicos. En este momento pues se está evaluando y ajustando ese plan marco de implementación a las realidades que ha tenido la implementación del acuerdo. Entonces hay que esperar qué más pasa sobre esta propuesta.
SEMANA: ¿Y ustedes están de acuerdo con la postura del Gobierno Petro de ampliar el tiempo?
P.A.: No lo hemos definido como alta parte contratante, no nos hemos reunido, pero este es un debate que se ha venido haciendo desde gobiernos anteriores desde que la Corte Constitucional emitió sus análisis o sentencias al respecto.
SEMANA: ¿Cuáles son los puntos en donde más hay retrasos en la implementación del acuerdo?
P.A.: En todos. Si hablamos del punto uno pues se ha avanzado en dotación de tierras pero no en el ritmo que se requiere. Uno reconoce que este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para avanzar en esa dirección en cuanto a las 3 millones de hectáreas, sin embargo en lo que se refiere a la formalización o titulación de tierras que habla de siete millones, estamos todavía muy atrasados. Tenemos atrasos en el catastro multipropósito, en los planes de desarrollo con enfoque en el territorio y muchas cosas más. De igual manera en el segundo punto que es el de la reforma política, pues diríamos que se avanzó en el estatuto de oposición, pero no para la participación efectiva de diversas fuerzas políticas y seguimos todavía con limitaciones muy grandes para el funcionamiento de la democracia.
En el cuarto punto que tiene que ver con todo el fenómeno de las drogas, pues aquí hay el plan de sustitución, con pocos avances y esto hay que ajustarlo a las nuevas realidades. De igual forma pues la reincorporación porque el tercer punto se cumplió, pero al día de hoy los firmantes del acuerdo se sostienen con la asignación mensual, pero no se ha podido avanzar en planes de sostenibilidad concretos o proyectos que les permitan su sostenibilidad efectiva. Con la llegada de Juan Fernando Cristo al ministerio del Interior, pues esperamos que la implementación tenga un mayor ritmo de ejecución.
SEMANA: 427 firmantes del acuerdo han sido asesinados, en gran medida, por las disidencias de Iván Mordisco. ¿Cómo van a frenar eso?
P.A.: Hemos planteado al gobierno la necesidad de una estrategia de diálogo, unos puntos claros o unas unas líneas rojas de responsabilidad del actor político, de tal forma que funcione de acuerdo a la voluntad que manifiestan en el diálogo. Debe haber un alivio con las comunidades y de igual manera con los colectivos de firmantes. Esa es hoy la realidad de la negociación y el gobierno debería exigirle a esos grupos que paren el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz.
SEMANA: ¿La ampliación del tiempo para la implementación tiene algo que ver con la constituyente?
P.A.: No, para una constituyente debe haber un consenso nacional en el país y seguramente va a abarcar una amplitud de temas y seguramente este podría ser uno, pero sobre cómo avanzar en temas de paz. Nada que ver con la implementación del acuerdo.
SEMANA: ¿Se podría ampliar el tiempo de las curules de Comunes en Congreso?
P.A.: Eso no se ha planteado, todo esto es un elemento para discutir, pero no hemos puesto ese tema a consideración. Algunos dirán que se pueden ampliar las curules de paz (Citrep), pero es es otro asunto. Aquí habría que analizar bien porque en la evaluación podría decirse quie las curules ya cumplieron los ocho años de funcionamiento y que en ese tema ya se cumplió. Eso no está contemplado.
SEMANA: ¿Cuándo habrá una decisión final sobre si se ampliará o no el tiempo para la implementación?
P.A.: No hay una fecha, es especular porque es una iniciativa que planteó el gobierno, repito, de manera unilateral y nosotros estamos esperando que pase esta reunión del Consejo de Seguridad para poder concretar, mirar la proyección en concreto y determinar qué posibilidades reales hay en esta iniciativa.