El expresidente de la República Andrés Pastrana se fue con toda en contra del primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, por la llamada ‘paz total’ que el jefe de Estado quiere implementar en el país y que ha tenido objeciones del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, al negarse a suspender las órdenes de captura en contra de 16 peligrosos integrantes del Clan del Golfo.
De acuerdo con Pastrana, al presidente Petro “le salió el tiro por la culata en su farsa de la llamada ‘paz total’”. El expresidente agregó: “EE. UU. respaldó al fiscal y la lucha contra la droga. Dejó claro que no apoya la legalización de la cocaína, ni la entrega del Estado colombiano a los carteles del narcotráfico”.
Vale recodar que el pasado 27 de enero, tras concluir su visita a Washington, en Estados Unidos, el fiscal general Francisco Barbosa habló en exclusiva con SEMANA sobre el balance de los encuentros que sostuvo con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, con la DEA y el Departamento del Tesoro, al igual que con todo el Departamento de Justicia y más.
De manera unánime, dijo el fiscal, le expresaron apoyo a las decisiones que durante su liderazgo se han tomado y habló también sobre las serias preocupaciones que tiene en temas como ‘paz total’.
“La Fiscalía es amiga de la paz, la Fiscalía es amiga de la Constitución y esta define a la paz como un derecho fundamental. Lo que pasa es que no se puede confundir proceso de sometimiento con un acuerdo de paz. Y en ese sentido, usted no puede darle elementos de paz o de justicia transicional, o de acuerdo político, a algo que simplemente tiene que ver es con un sometimiento de bandas criminales a la justicia. En este caso a la Fiscalía”, afirmó Barbosa.
Es necesario contextualizar que Barbosa, en una radical postura, negó la petición del presidente Petro de suspender las órdenes de captura contra 16 peligrosos integrantes del Clan del Golfo para que ingresen a la ‘paz total’ y aseveró que no será el fiscal general quien aporte a la impunidad, beneficiando a poderosos narcotraficantes y criminales que han sembrado el terror en varias regiones de Colombia.
Al ver el claro inconformismo del fiscal general, el jefe de Estado lo convocó a una reunión el pasado lunes 30 de enero en la Casa de Nariño al admitir que Barbosa tenía tesón en varios puntos que puso de presente sobre la ‘paz total’.
Fue en Francia donde el presidente Petro, en una declaración que dio a los medios de comunicación, le dio la razón al fiscal Barbosa y afirmó que el Gobierno nacional va a revisar a profundidad los delegados de paz que han propuesto las estructuras criminales.
“Es en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen, de acuerdo a la ley, pero que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que tiene mucha razón”, sostuvo Gustavo Petro.
En ese momento, reveló detalles de la conversación que sostuvo con el fiscal Barbosa en medio de un fuerte choque que tuvo con el jefe del ente acusador: “Fue un diálogo telefónico, yo estaba un poco sorprendido, porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, y traté de preguntarle de qué se trataba el tema (choque) y algo me comentó, pero creo que son cosas que se pueden solucionar”.
El fiscal le ganó el pulso al presidente Gustavo Petro
Tras la reunión que sostuvieron el pasado lunes el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro de parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.
“Le señalé que no existe marco jurídico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.
Barbosa aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.
Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con sanciones diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.
En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó Barbosa.
El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, dijo.
Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozcan quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.
El fiscal fue claro en decir que no se podrá pactar que haya algún tipo de acuerdo político con los delincuentes y que puedan llegar a tener representatividad como ha sucedido en otras ocasiones. Según Barbosa, el mandatario se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcos ni a solicitar levantamiento de órdenes de captura, hasta que no se adelante la discusión de ese proyecto en el Congreso.
Tras el encuentro entre ambos, Barbosa aseguró que se trató de una “reunión amable”. Se sabe que el tono fue cordial, luego de las diferencias que se habían presentado hace algunas semanas.
El fiscal insistió en que los operativos contra los narcotraficantes han arrojado resultados favorables en términos de incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos. “Tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional y en zona rural, de las cuales 349 al día de hoy corresponden a órdenes de captura contra personas que asesinaron a defensores de DD. HH.”, dijo.