Desde que estaba en campaña, el presidente Gustavo Petro dejó claro que su principal apuesta en la Casa de Nariño sería buscar el silenciamiento de los fusiles por parte de los grupos criminales en Colombia. A este legado, arriesgado como complejo, lo bautizó ‘paz total’, pues contrario a otros gobiernos su propósito es negociar con todos los grupos ilegales a la vez.
Por eso, tan pronto se puso la banda presidencial, el jefe de Estado tramitó la prórroga a la ley de orden público, texto que llamó la ley de ‘paz total’ y que lo dotó de facultades para negociar con la criminalidad en Colombia.
El mandatario le dio fuerza a su apuesta con el anuncio de cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.
El cese tenía como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada.
Pero mientras que el Gobierno nacional habla de ‘paz total’ y se empeña en enviar mensajes de buena voluntad, las organizaciones ilegales siguen hablando el lenguaje de la violencia.
Así quedó demostrado con el atroz ataque del ELN contra miembros del Ejército en Norte de Santander, donde masacraron, prácticamente en estado de indefensión, a nueve soldados y dejaron más de 10 heridos.
Los hechos, según se pudo establecer, ocurrieron pasadas las 3:00 a. m. de este miércoles 29 de marzo, mientras los hombres adscritos a la Segunda División del Ejército descansaban en la zona de alta conflictividad, pues en la zona región operan no solo el ELN, sino también las disidencias de las Farc de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco, llamadas Estado Mayor.
A esto se suma el amedrentamiento de parte de este grupo ilegal contra comunidades en Arauca y Chocó y el secuestro del sargento del Ejército, Libey Danilo Bravo.
Además del cautiverio del uniformado, ha causado indignación la forma en la que este grupo ha tratado de justificar que siga acudiendo al secuestro. Aseguran que es su “derecho”.
Según el editorial de la Revista Insurrección, escrito por el Comando Central del ELN, el secuestro del sargento se dio “dentro de nuestro derecho a la defensa”.
Adicionalmente, a pesar de que había sido incluido dentro de los decretos de cese al fuego, el ELN se negó a un cese al fuego bilateral porque, según aseguraron, no estaba acordado en la mesa.
Clan del Golfo
El 19 de marzo se presentó otro grave contratiempo para la ‘paz total’. Tras un nuevo pico de violencia en el marco del paro minero en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, el presidente Petro ordenó suspender el cese el fuego que había decretado desde enero con el Clan del Golfo y ordenó a la Fuerza Pública actuar con toda firmeza contra esa organización criminal.
La decisión se tuvo que tomar ante la fuerza de los hechos: este grupo criminal financiaba esa protesta con el fin de proteger sus operaciones de extracción ilícita de oro a gran escala en la zona.
Esta suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo se dio pocas horas después de que el Gobierno hubiera radicado en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para los grupos criminales.
Esta iniciativa le generó al Gobierno un duro enfrentamiento con el fiscal general Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabello, ante los múltiples beneficios que estaría planteando no solo para los integrantes de grupos criminales sino para los grandes narcotraficantes.
Este pulso entre el Gobierno y el fiscal ya venía desde principios de año, cuando Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura de peligrosos criminales que pretendían ser nombrados como gestores de paz.
“Aquí los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito y evitar así la extradición a Estados Unidos, pasando por encima de la ley”, dijo el fiscal en una entrevista en SEMANA.
El prontuario criminal de los jefes de las disidencias de las Farc a los que el Gobierno buscaba levantarles las órdenes de captura para designarlos como voceros de paz en medio del proyecto de la ‘paz total’ abarca varias páginas.
Entre estos, se encontraba Javier Alonso Velosa García, más conocido como Jhon Mechas, quien intentó matar al entonces presidente Iván Duque el 26 de junio de 2021, en una visita que adelantó el jefe de Estado para revisar la situación de orden público en la región tras un atentado terrorista en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.
En la lista que envió el Gobierno, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía General para levantar las órdenes de captura se encuentra también Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firú o Leo, jefe de las disidencias del frente 36 de las Farc que delinque en el departamento de Antioquia.
En septiembre pasado, el operativo que se adelantó en su contra generó caos y zozobra en el municipio de Anorí. Después de ser detenido por agente de la Policía Judicial, un grupo de lugareños llegaron al sector donde se encontraba detenido y con palos y machetes exigieron su liberación inmediata.
De esta manera, el presidente Gustavo Petro, quien ha tratado de aferrarse a la ‘paz total’ como su principal legado de Gobierno, ha visto como su principal apuesta se viene resquebrajando.