Luis Gonzalo Pérez, videógrafo de María Corina Machado, pasó sus últimas semanas en Venezuela escondido en casas de seguridad de la oposición, porque el régimen de Nicolás Maduro lo declaró como el “periodista número uno” que debía ser capturado por el supuesto delito de terrorismo.
Pérez, comunicador de 33 años que recorrió Venezuela junto a Machado, recibió la noticia de que había una orden de captura en su contra de boca de la misma líder, quien le pidió que no saliera más, para proteger su vida.
No bastó con esconderse. Los funcionarios del régimen llegaron a la casa de su mamá, a la de su padre y sus abuelos y hasta al apartamento en Caracas donde vivía, haciéndose pasar por funcionarios de CanTV cuando él ni siquiera tenía teléfono fijo en su casa. Lo tenían rodeado y tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas, en la que solo cargaba a cuestas dos camisas, dos pares de medias y un morral con sus documentos.
Él es uno de los 230 venezolanos que trabajaban en política, en defensa de derechos humanos o periodismo, que han huido a Colombia desde las elecciones porque el régimen los declaró como objetivo policial. Todos ellos ya le pidieron a la Cancillería que los reconozca como refugiados, pero hasta ahora solo tienen un salvoconducto que les permite residir en el país de forma regular, mas no trabajar.
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes están en alerta porque el Estado colombiano tarda, en promedio, hasta tres años analizando una solicitud de refugio, trámite que es un clamor de protección y asilo que hacen quienes no pueden regresar a su país porque su vida corre peligro.
Hasta inicios de año, solo se habían avalado cerca de 1.400 refugiados desde el inicio de la contingencia migratoria, en 2015, y el número de solicitudes ronda las 64.000, según un derecho de petición que presentó un defensor.
La tardanza para reconocer el estatus de refugiado a los perseguidos políticos no ha sido un problema solo del Gobierno Petro, pero en su administración esa situación se agrava porque saben que la Casa de Nariño es afín al régimen de Maduro, tan cercana que no ha aceptado el triunfo de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio, aun cuando las actas electorales así lo demuestran.
Como Pérez, la defensora de derechos humanos Angélica Ángel huyó buscando protección. En Mérida la abordaban motorizados, tenía que salir a la calle con tres vestimentas de ropa para cambiarse en el día porque la estaban persiguiendo, cuando hizo veeduría en las elecciones del 28 de julio la calificaron de “terrorista” y sujetos uniformados le dijeron que tenían claro que ella era “la alborotadora”.
Pero Angélica solo se dedicó a entrenar a los universitarios que sirvieron como testigos electorales, talleres que daba en medio de reuniones clandestinas que hacían en diferentes puntos de su estado para enseñarles a los estudiantes a votar y a proteger su derecho a participar. Se encontraban a escondidas y debían tener un plan de escape porque llegaban infiltrados a intimidarlos.
Ella dio una entrevista a SEMANA en los primeros días de agosto y contó cómo el régimen estaba persiguiendo a los activistas. Para entonces, ya se resguardaba en casas de seguridad y había restringido sus comunicaciones, pero el día 9 de ese mes llegó la mayor de las amenazas.
El gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, creó una comisión para procesar personas que no reconocían a Nicolás Maduro como presidente, y una fuente de la Gobernación le contó que su expediente era el primero en la lista, con el supuesto alias de “la terrorista de la 13″.
Empacó un bolso con dos prendas de ropa y salió hacia Colombia: “Cuando llegué a la frontera sentí un respiro. Uno sabe lo que son capaces de hacer; yo ya había estado detenida por reclamar nuestros derechos y no quería que mis padres tuvieran que pasar por una situación de volver a ver a su hija detenida”.
Los casos de Luis Gonzalo y Angélica dan cuenta de que la nueva fase migratoria está protagonizada por personas que necesitan protección. Human Right Watch le pidió a la Cancillería agilizar los procesos de solicitud de refugio y permitirles a los solicitantes de asilo trabajar de manera regular en el país con el documento de salvoconducto, a la espera de que se resuelva su situación migratoria.
La directora para las Américas, Juanita Goebertus, sostuvo que en el Darién “se ha incrementado el número de personas que cumplirían la definición de quienes tendrían derecho a una protección como refugiados o sujetos de asilo. Son personas que salieron a protestar, jugaron un rol como testigos en el proceso electoral, han visto a conocidos siendo perseguidos o que fueron perseguidos directamente. Insistimos en la necesidad de que se agilicen los procesos de asilo y se garantice que las personas puedan trabajar durante ese proceso”.
Si Luis Gonzalo regresa a Venezuela, lo capturan por terrorismo cuando solo ha empuñado una cámara y un micrófono. Angélica Ángel tampoco puede regresar a su hogar en Mérida para terminar su carrera de Ciencia Política. SEMANA documentó casos de otros alcaldes, concejales y periodistas que llegaron al país en las semanas recientes porque las autoridades venezolanas los declararon como objetivo por denunciar el fraude en las elecciones.
El tema está sobre la mesa del Gobierno, y los solicitantes de refugio están a la deriva y a la espera de una respuesta. La fundación Juntos Se Puede radicó una solicitud a la Cancillería pidiéndole a Luis Gilberto Murillo reconocerles el derecho al trabajo a los solicitantes del estatus de refugiado, y ese funcionario del Gobierno Petro, el mismo que no ha condenado el fraude de las elecciones, prometió que se haría el trámite respectivo para reconocerles el derecho al trabajo mientras se resuelve su situación migratoria.
“Han aumentado algunos casos de solicitud de asilo en Colombia”, reconoció Murillo, prometiendo responder favorablemente. Esa decisión ahora está en manos del Ministerio del Trabajo, que determina con qué documentos pueden trabajar de manera regular los extranjeros. Sin embargo, este reclamo no solo se trata del derecho a laborar, sino de la necesidad de que el Gobierno reconozca que en Colombia hay refugiados venezolanos.
Javier Oropeza es el alcalde de Torres y es el único mandatario local de la oposición del estado Lara, pero ya no puede administrar su municipio desde Venezuela porque el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, le abrió una investigación por el supuesto delito de omisión por un ataque a la sede del Psuv (el partido de Maduro) que se presentó en su región. Le incautaron dos bienes, allanaron el medio de comunicación de su propiedad, el Sebin se tomó la sede de la Alcaldía, y cuando intentaron secuestrar a sus hijas menores de edad huyó para exiliarse en Colombia con su familia.
Él ya tiene un salvoconducto y está esperando que el Gobierno lo reconozca como refugiado, así como el concejal del estado Vargas, José Barreto Rivas, quien estuvo en la clandestinidad hasta que pisó suelo colombiano, perseguido por haber tenido acceso a las actas que demostraron el triunfo de Edmundo González.
Casos como los suyos ya se cuentan por decenas y tienen al Gobierno Petro en medio de una dicotomía: reconocer que el régimen del que es aliado es un expulsor de refugiados o mantener silencio sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el dictador.