La Personería de Bogotá, en cabeza de Andrés Castro Franco, reveló que el hacinamiento de privados de la libertad en estaciones de Policía y URI de la ciudad está en 158,6 %. En el momento albergan a 3.174 personas, cuando la capacidad máxima de estas es para 1.227.
Según la norma, estas estaciones y unidades no deben recluir a privados de la libertad, siendo estas un centro de detención por máximo 36 horas. A pesar de esto, la Personería encontró a 555 condenados, que deberían estar en cárceles.
Algunos, según informa la entidad, llevan cuatro años detenidos en estaciones y URI. Otras 53 personas tienen detención domiciliaria.
De acuerdo con la Personería, al 30 de abril de 2024, en el complejo de Puente Aranda había 821 personas, cuando la capacidad es de apenas 452, que equivale a un hacinamiento del 81,6 %.
Del total de las personas privadas de la libertad en estas estaciones y URI, 511 son extranjeros y 66 tienen sentencia condenatoria.
En medio del difícil panorama, las estaciones de Policía son las que más presentan hacinamiento. Tienen una capacidad de albergar a solo 775 personas, pero tienen 2.348 privados de la libertad. Esto representa una sobreocupación del 202,9 %.
En la estación de Usaquén solo pueden recluir a 10 personas, pero se encuentran detenidas 85, que equivale a un hacinamiento del 750 %. Con 517 % le sigue la estación de Kennedy, en la cual se encuentran 370 privados de la libertad, a pesar de que solo tenga capacidad para 60.
Bosa tiene una sobreocupación del 511 %, Usme del 400 %, Ciudad Bolívar del 348 %, San Cristóbal 346 %, La Terminal del 330 %, Rafael Uribe del 238 %, La Candelaria del 237 % y Suba del 223 %.
La Personería, desde el año pasado, recibe quejas de los privados de la libertad por la comida en mal estado. Algunas raciones llegan incompletas, tarde, de baja calidad y con pocos estándares de higiene, incumpliendo el menú básico del USPEC.
Además, denuncian que la atención en salud que reciben es precaria. Según la entidad bogotana, la posibilidad de asistir a una cita, reclamar medicamentos o atender una emergencia es escasa. Deben contar con la autorización de un juez y la logística del traslado resulta complicada, por lo que nunca se atienden oportunamente.
En las estaciones y URI tampoco pueden asistir a las audiencias o responder ante las autoridades judiciales por falta de internet. Los policías prestan sus celulares en algunas ocasiones, lo cual muestra dificultades en el acceso a la justicia.
De esta forma, la Personería le pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec asumir a los condenados y trasladar a su residencia a quienes tienen una medida domiciliaria.
Además, el personero recordó que la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitorios, al ver que se estaban violando los derechos de los detenidos. Castro asegura que se emitieron 29 órdenes para solucionar la situación, pero estas no se han acatado.