En el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) no son nuevas las quejas por maltratos y acoso en contextos laborales. Varias cabezas de la entidad han sido denunciadas por prácticas hostiles contra los empleados, que presuntamente han llegado hasta un intento de suicidio.
Una de las víctimas es la funcionaria María Paulina González, quien denuncia haber sido acosada laboralmente por Alba Rocío Jiménez Tovar, directora de Alimentos y Bebidas. De acuerdo con su relato, el trato la llevó a ser internada en una clínica psiquiátrica.
En esa misma dirección, bajo los lineamientos de la jefe del área, trascienden nuevas denuncias, esta vez por acoso sexual por parte de un coordinador a sus subalternas.
En el Ministerio Público tienen en el radar el caso, que fue denunciado el pasado mes de septiembre ante el Comité de Convivencia de la entidad. Una funcionaria expone en un relato que las actuaciones de Edgar Arturo Guerrero Ángel, coordinador del Grupo del Sistema de Análisis de Riesgos Químicos en Alimentos y Bebidas, han afectado su “bienestar laboral”.
En un perturbador escrito, radicado a nombre propio, comienza contando cómo Guerrero, previo a su designación como coordinador, le hizo comentarios cuando recién llegó al grupo. Ella asegura que respondió de forma “displicente”, lo cual hizo que establecieran una “relación distante”.
“El lenguaje corporal durante la emisión de sus mensajes es incómodo e intenta ser insinuante. Siempre habla en tono muy bajo y me pide hablar en voz baja cuando le respondo ante algunas solicitudes laborales o comentarios”, narró.
Luego manifiesta que fue explícito, preguntándole por su vida personal. Ella le contó que vivía en una residencia universitaria femenina, donde compartía habitación con otras mujeres.
“Después de eso empezó a preguntarme si entre compañeras pasaban cosas”, cuenta la mujer.
Luego adjunta una cita, en la que Guerrero habría pedido un “videito porno de sus amigas donde vivía”.
“Si es viejito, no importa, yo tengo Betamax”, expone la funcionaria, atribuyéndole la frase.
Durante el regreso a la presencialidad tras la pandemia, en ocasiones tuvo que estar sola con el funcionario en la oficina: “Edgar Guerrero me invitó a tomar café, sin conocerlo, y siendo compañero de trabajo”.
Cuenta que fueron a una panadería, pero días después, el trabajador del área le dijo que le iba a “cobrar” por la invitación porque no iba a “perder la inversión”.
Igualmente, en varias ocasiones, comentó sobre la vestimenta de la funcionaria de forma sugestiva: “¿Y usted para qué es que se viste de rojo?”.
En otros momentos la invitó a desayunar mientras los demás funcionarios no se encontraban en la oficina, pero en otras ocasiones habría sido más directo frente a sus intenciones con su compañera de trabajo.
Según relata la mujer, el funcionario, en una revisión de actas de evidencias de compromisos laborales, siguió pidiéndole fotos íntimas en la oficina.“A mí no me pegue esas fotos con las invitaciones a capacitaciones. Si me pega otras fotos mejor, usted ya sabe”, le habría dicho Guerrero a la trabajadora del Invima.
Y también habría aprovechado la distracción de los demás funcionarios para acercar sus genitales a la cara de la denunciante.
“Se acerca sutilmente a mi escritorio, sin que me percate, se ubica al respaldo de mi silla bloqueando el movimiento de esta, y me habla en voz baja de repente. Al girarme para atender sus palabras, mi cara queda muy cerca de él a la altura de su cintura”, narra en el documento.
En ese momento, ella dice que gira con fuerza la silla para alejarse, pero él se ajustaría el pantalón mientras le habla.
“Separando la tela de él, subiéndose y halando el pantalón, moviendo permanentemente sus manos cerca de su cintura y en sus bolsillos. Los ademanes que realiza Edgar Guerrero mientras se comunica conmigo son incómodos para mí”, confiesa la mujer en el escrito.
Luego de que ella no aceptó los avances de Guerrero, y este llegó a la coordinación del área en la que ambos trabajaban, las insinuaciones se habrían convertido en maltrato laboral.
La mujer relata que se ve imposibilitada en sus labores por trabas impuestas por Guerrero. Asegura que, a pesar de que notificó que no puede viajar por ser madre, este quiso asignarle misiones fuera de Bogotá.
“De estas dos situaciones tanto de maltrato por comentarios intimidantes como de discriminación por ser madre con hogar uniparental, menciono que los comentarios fueron realizados en ausencia de mis compañeros de grupo de trabajo, en bajo volumen y repentinamente, por lo que no hay evidencias físicas de estos. Para evitar que otras compañeras se sientan intimidadas por los ademanes y su lenguaje corporal y visual, dejo registro, para que, en caso de otros testimonios, haya un antecedente”, sostuvo en su escrito.
Además, otro de los obstáculos es la falta de respuesta a los correos de seguimiento de tareas.“Siendo coordinador, no atiende de manera oportuna o no da respuesta a mis requerimientos enviados por correo electrónico”, contó.
La funcionaria adjunta varios casos que son muestra de la falta de respuesta en los correos, pero en uno de ellos, Guerrero le niega un permiso para llevar a su hija al médico.
El 4 de septiembre pidió permiso para llevar a su hija a la cita, que el funcionario respondió de forma atípica, pidiéndole notificación presencial.
“Le agradezco no me envíe más correos para este tema, ya que recibo muchos de diferentes actividades y me está agotando la capacidad del mismo, sabiendo que como le digo lo podemos hacer de manera personal”, envió.
Ante la carta, el Invima tomó la decisión de retirarlo del cargo de coordinador, llevándolo a ser nuevamente compañero de trabajo de la presunta víctima. Sin embargo, SEMANA conoció que este trabaja en el mismo puesto, justo al lado de ella.
Este medio conversó con varias mujeres que han sido testigos de este tipo de actos. Afirman que podrían ser más de diez las mujeres que han tenido que soportar dichas acciones.
Responde el director del Invima
Francisco Rossi, director del Invima, respondió en SEMANA al manejo del caso, confirmando que tiene en conocimiento tanto la denuncia de la funcionaria como la del anónimo allegado al Comité de Convivencia.
“Se le han ofrecido posibilidades para cambiar de cargo y de dirección, y ella está evaluando para dónde se va a ir. Se le ofrece porque ella quiere que esa situación cese”, manifestó.
Frente a que no se ha movido al presunto acosador del cargo, el director de la entidad recalcó que Guerrero tiene derecho a la presunción de inocencia.
“Es frecuente el abuso de una persona en un nivel de superioridad contra alguien en un cargo inferior. En la dirección correspondiente se hizo el cambio que modifica la relación. La institución no puede juzgar sin proceso. Nosotros tenemos que confirmar y seguir un procedimiento, que también protege al funcionario de acusaciones que puedan ser infundadas”, manifestó.
Tras conocer los documentos, SEMANA intentó comunicarse con la denunciante, pero esta no solo no quiso comentar sobre lo ocurrido, sino que también pidió reserva de su identidad, por posibles retaliaciones.
Este medio también intentó comunicarse con Guerrero, quien a la hora de cierre de esta edición no respondió a los llamados y mensajes.