El pasado 5 de agosto se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó una polémica resolución con la cual oficializaba los diálogos de paz con el sanguinario grupo criminal conocido como el Clan del Golfo, en el marco de su fracturada política de paz total.
Sin embargo, el Clan del Golfo ha recrudecido las acciones criminales en varias regiones del país, atemorizando a la población con incursiones terroristas, situación que ha encendido las alarmas de las autoridades regionales.
Además, pese a la voluntad de paz que expresó el mandatario colombiano por medio de ese documento, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, lanzó una preocupante alerta sobre el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales.
El alto funcionario del Gobierno nacional advirtió que la información que han recibido es que el Clan del Golfo tiene serias intenciones de expandir sus actividades de minería ilegal.
“Reveló (el minDefensa) que hay información que indica que el Clan del Golfo y algunos grupos armados organizados buscan expandir sus actividades de minería ilegal”, se desprende de un comunicado del Ministerio de Defensa que está en la página de la Presidencia de la República.
Esa alerta de Velásquez se dio en el marco de una estrategia que lanzó la Administración Petro, que busca fortalecer la seguridad en áreas estratégicas del país, como el Sur de Bolívar, Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño.
De acuerdo con el plan de seguridad, se tendrá un aumento en esas zonas del territorio del país de 300 efectivos y “nuevas unidades tácticas como resultado de la reorganización de las Fuerzas Militares”, dice el comunicado del Ministerio de Defensa.
Además, indica: “La fuerza de tarea Marte pasa ahora a conformar la Brigada XIX y permitirá aumentar de 1.137 a 1.911 el número de uniformados del Ejército en esa zonal del país”.
“En el marco del ‘Plan 20 mil’ también llegan a la región 80 nuevos policías. Estos uniformados vienen acompañados de 100 más adicionales, de la nueva especialidad de Policía para la Paz, que se destinarán a labores de control y prevención en la región”, continúa la comunicación del Gobierno nacional.
Sobre la resolución que firmó el presidente Petro se indicó en su momento: “Autorizar la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”.