Se encienden las alarmas por el nuevo proyecto de ley estatutaria, presentado por el petrismo, que busca modificar la forma en la que se maneja la inteligencia y contrainteligencia en el país. El pasado 4 de septiembre se radicó la nueva iniciativa que le otorga superpoderes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El proyecto cuenta con las firmas de Ariel Ávila, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Gloria Flórez, Robert Daza y Jahel Quiroga, el cual fue radicado en el Senado de la República.
El articulado modifica los parámetros actuales de la interceptación de comunicaciones e intrusión en dispositivos electrónicos. El último es un artículo nuevo que detalla cómo se ingresaría a equipos personales.
“Se podrá emplear métodos de acceso, adquisición u obtención de información o datos que impliquen el uso de software o programas para acceder a los dispositivos electrónicos de la persona objeto de esta medida. Igualmente, se podrá emplear equipos o programas con la capacidad de romper o sobrepasar las protecciones de dispositivos o métodos de cifrado de datos”, dice el aparte.
Además, crea el cargo de inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia, que será el inspector general del Sistema de Inteligencia, que une a todas las instancias del Estado en esta materia.
Una de sus funciones sería “diseñar las herramientas de control y supervisión que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, a través de la construcción de indicadores de seguimiento e impacto y herramientas que rindan cuenta sobre cómo las actividades de inteligencia y contrainteligencia respetan, protegen y garantizan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario conforme a los estándares internacionales, la Constitución y la Ley”.
Además, el presidente de la República, por solicitud, podrá requerir a los diferentes inspectores o al jefe de inteligencia o al jefe de control interno de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) la apertura de inspecciones.
“O solicitará los informes de inspección o auditoría que efectúen los organismos de inteligencia, cuando existan indicios de graves de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, para su evaluación conforme a los instrumentos y procedimientos de control y supervisión adoptados”, indica.
También entran modificaciones a la “búsqueda selectiva en bases de datos de operadores de servicios de telecomunicaciones”.
“Los organismos de inteligencia y contrainteligencia garantizarán la seguridad de esta información, para estos efectos, los operadores de servicios de telecomunicaciones conservarán esta información por seis (6) meses”, se lee en el documento.
El mayor (r) Jorge Castillo, experto en inteligencia, advierte que estas modificaciones pueden poner en riesgo la seguridad de la información de los colombianos, especialmente de sus dispositivos móviles.
“El primer proyecto de ley, que le daba más poderes a la Dirección Nacional de Inteligencia, se les cayó. Este nuevo proyecto de ley ya no solo contempla este inspector, sino que empiezan a regular el monitoreo al ciberespacio. Tendrían acceso a los celulares y dispositivos de los ciudadanos. Eso es lo más fuerte que tiene”, indicó el experto, en conversación con SEMANA.
Y agregó: “Le otorgaría a las autoridades la capacidad de monitorear y recopilar datos de dispositivos móviles. En términos de privacidad e intimidad, tendrían acceso a todo lo que está en el ciberespacio”.