El presidente, Gustavo Petro, está contra las cuerdas por el pliego de cargos que formuló en su contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), decisión que motivó una llamativa respuesta por parte de la defensa del mandatario colombiano.

En ese sentido, Héctor Carvajal, quien representa los intereses del jefe de Estado, dijo desconocer al CNE, sobre el fuero presidencial de Gustavo Petro.

El funcionario ha declarado que el proceso de investigación busca sacarlo del poder. | Foto: Presidencia

Sin embargo, este martes, 3 de diciembre, Petro, desde San Andrés, en donde adelanta una agenda de trabajo regional, acusó al exvicepresidente Germán Vargas llegar de “turnarlo”, hecho que calificó como un camino inconstitucional en el organismo electoral

“Por eso dialogar es fundamental, a profundidad, con las cartas sobre la mesa. Propusimos un diálogo nacional y la oligarquía colombiana se burló de eso”, dijo Petro.

Además, expresó el jefe de Estado: “Quieren tumbar al presidente, Vargas Lleras, en el Consejo Nacional Electoral a ver cómo se construye jurídicamente un camino prohibido por la Constitución y es que el pueblo se obedece en una democracia y el pueblo eligió hasta un afecto”.

“Todo camino diferente no es más que el camino del rey, del Sid Campeador, de los que mataron a Bolívar y destruyeron el sueño de democracia en Colombia”, insistió el mandatario colombiano.

Carvajal plasmó en el documento entregado al CNE: “El Consejo Nacional Electoral no puede reabrir el debate sobre el particular, por cuanto se han generado unos derechos adquiridos a favor de los particulares sometidos a la rendición de cuentas que impiden que dicha entidad pueda revivir el debate para ir contra sus propios actos, sin contar con el consentimiento de los beneficiarios de tales derechos”.

La relación de los dos funcionarios ha sido de altibajos en los últimos años. | Foto: GUILLERMO TORRES

“Igualmente, el Consejo Nacional Electoral desconoce la obligatoriedad que impone la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1153 de 2005, a través de la cual declaró exequible el término de 30 días, contados a partir de la fecha de elección del presidente de la República, para que opere la caducidad para las denuncias o quejas por violación de topes y financiación ilícita de las campañas presidenciales.

En el caso de quien resulta elegido como presidente de la República, indicando que, luego de dicho término, la competencia radica en la Contraloría General de la República para recuperar los dineros que se hayan pagado injustificadamente como gastos de campaña”, anotó la defensa de Petro ante ese organismo electoral.