Más de dos horas duró el encuentro de alto nivel entre el presidente de la República Gustavo Petro y más de 70 embajadores acreditados en Colombia, en donde el mandatario colombiano expuso la situación por la formulación de pliego de cargos del CNE en su contra.

La determinación del organismo electoral se dio por una presunta violación en los topes de la financiación de la campaña Petro Presidente, la cual tiene contra las cuerdas al jefe de Estado.

Al término de la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo reveló que se expuso ante el equipo diplomático que en contra de Gustavo Petro se está violando el fuero presidencial.

“Internacionalmente siempre se ha tenido un papel de la promoción y protección de las democracias. Colombia viene de un proceso de profundización de la democracia con la llegada del presidente Petro al Gobierno nacional como presidente de la República”, dijo el canciller.

Y agregó en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “Hablamos de eso, de cómo se han incorporado muchas nuevas comunidades creando un gobierno multicolor, que eso es muy importante, y planteamos obviamente que aquí lo central es la protección del fuero presidencial”.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogotá, mayo 23 de 2024 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres Reina

“Porque además que sumado al fuero presidencial hay aspectos obviamente de detalles del proceso que no tocamos, pero sumado al fuero presidencial el presidente Petro tiene una condición especial por las medidas cautelares que están en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está el caso Petro que definió la doctrina jurisprudencial para las Américas en ese sentido”, insistió el jefe de Estado.

También expresó: “Allí hay una condición inclusive aún más especial y vemos que en ese sentido, con las decisiones que se han tomado por un organismo administrativo, además que es un organismo político, se viola por un lado ese fuero presidencial, pero además esa condición especial de medidas cautelares que el presidente obviamente tiene por su caso mismo en el pasado”.

La decisión del CNE

Cabe reseñar que cinco meses después y luego de múltiples aplazamientos, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó el pasado 8 de octubre la ponencia de pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, que confirma que el líder de izquierda, al parecer, violó los topes electorales por encima de 5.300 millones de pesos.

En ese momento, SEMANA confirmó que la votación del proyecto de pliego de cargos fue de 7-2.

Esta decisión se traduce en un verdadero golpe para Gustavo Petro y su campaña que lo llevó al poder en mayo y junio de 2022, en la primera y segunda vuelta presidencial, respectivamente.

Analistas indican que las implicaciones políticas para el presidente Gustavo Petro, como el desgaste de su imagen y el retraso en la agenda legislativa, aunque sí se generan por la investigación del CNE en su contra, de dan principalmente por el tono con el que afronta el proceso. | Foto: El País

Aunque este pliego de cargos solo confirma el inicio de la investigación formal contra el presidente en calidad de candidato y su campaña presidencial, no deja de ser un dolor de cabeza para el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esto, porque él fue el gerente de la campaña, no tiene fuero y sí podría convertirse en el sacrificado en este proceso administrativo que inicia en firme el CNE.

Al contrario, si el escenario, al final, no es el mejor para Petro, el Consejo Nacional Electoral compulsaría copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta actualmente una investigación por el mismo tema.

Fuera de Petro y Roa, la formulación de cargos compromete a los auditores de la campaña presidencial, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez. Y los partidos Unión Patriótica y la Colombia Humana.

Después de esta decisión, las partes tendrían 15 días hábiles para rendir descargos y, posteriormente, comenzaría el término probatorio, para lo cual la ley contempla hasta 60 días para que se formulen alegatos y otros 30 para que la Sala Plena del CNE decida finalmente.

Por último, trascendió que si los tiempos procesales se cumplen, en diciembre de 2024 se tendría que tomar una decisión. No obstante, como los abogados acuden a todo tipo de estrategias jurídicas para ganar tiempo, el eventual fallo se podría postergar.