El presidente Gustavo Petro salió a hacer una férrea defensa a la reforma a la educación, después de que los rectores de varias universidades privadas del país denunciaran que ese proyecto de ley estatutaria podría marchitar a esas instituciones.
Petro sostuvo que cuando se invierten recursos en instituciones privadas hay jóvenes que se quedan sin acceso a la educación superior, lo que, según el jefe de Estado, termina agudizando las desigualdades del país.
Pero para entender esa afirmación se necesita un contexto. El presidente estaba respondiendo a lo afirmado por la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, quien destacó que ese articulado podría marchitar a las universidades privadas.
Textualmente, lo que aseveró Bernal es que: “La ley estatutaria de la educación, en combinación con la gratuidad en la educación superior pública y la reforma al Icetex, marchitará a las universidades privadas”.
Ante esa aseveración, el presidente hizo su propia conjetura de la declaración que dio la profesional de la educación en los micrófonos de W Radio y relacionó la inyección de recursos a instituciones privadas con el hecho de que haya jóvenes que se queden sin cómo estudiar.
Lo que dijo el mandatario es que “más o menos se puede poner esta frase en lo que no dice, ¿pero es su consecuencia? Se dedican enormes recursos públicos a financiar la universidad privada, pero se desfinancia la pública, lo cual equivale a que el 50 % de los jóvenes se queda sin educación superior y el país profundiza su desigualdad y la violencia”.
La reforma a la educación del Gobierno Petro
La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, radicó el pasado martes (12 de septiembre) la reforma a la educación que había prometido el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder.
El proyecto de Ley estatutaria 224 de 2023, que regula el derecho fundamental a la educación, quedó con la firma de los congresistas de la bancada del Pacto Histórico y tiene la premisa de que “la educación es un derecho”.
“La educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia es un derecho fundamental de las niñas y de los niños menores de seis años. El Estado garantizará de forma progresiva los dos ciclos de la educación inicial, contemplando esquemas de financiación y cofinanciación entre la Nación y el territorio”, dice el proyecto.
Una de las novedades es que el primer ciclo de formación comprenderá desde el nacimiento hasta cumplir los tres años. Actualmente, inicia a los 3 años. “El segundo comprenderá desde los tres años hasta antes de cumplir los seis, en los grados de prejardín, jardín y transición”, indica otro aparte de la iniciativa.
Desde las universidades de La Sabana, Los Andes, la Javeriana y Eafit ya plantearon sus reparos al proyecto, argumentando que las versiones del proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno nacional, de manera previa a su radicación en el Congreso de la República, el próximo 12 de septiembre, no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible.
Asimismo, los rectores de esas cuatro universidades apuntaron que en los textos que conocieron tampoco establecían los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante.