Esta semana, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron una ponencia de pliego de cargos contra los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. A lo largo de 315 páginas, incluyeron declaraciones, pruebas documentales, registros contables y facturas de la Dian que ponen en evidencia que la campaña, presuntamente, habría violado los topes electorales establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos.
El documento es demoledor y destapa las pruebas que desmienten la supuesta austeridad en los gastos de la campaña de Petro. En todo caso, la ponencia tendrá que ser votada por la Sala Plena del CNE. Sin embargo, puso con los pelos de punta al presidente Petro, que activó un arsenal de críticas contra los magistrados del tribunal electoral.
“Ha comenzado el golpe blando”, anunció el mandatario desde sus redes sociales. Como si fuera poco, habló de “golpe de Estado” y de una “burla al voto popular”. Además, llamó “vagabundos” y “corruptos” a los magistrados.
Si los magistrados Prada y Ortiz quisieran denunciar al presidente por injuria y calumnia, lo harían, pero han preferido mantener la calma y la prudencia para evitar cualquier situación que lleve a la defensa de Petro a recusarlos.
El presidente, indirectamente, puso en riesgo a los dos togados y los graduó de enemigos cuando solo cumplen con su obligación constitucional: investigar y que la Sala Plena del CNE confirme o niegue el pliego de cargos. Por eso, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, denunció a Petro ante la Comisión de Acusación.
“Ningún presidente puede creer que por ganar las elecciones está legitimado para violar la Constitución, amenazar y poner en peligro la vida de magistrados que están cumpliendo la ley”, aseguró el congresista.
La primera estrategia que puso en marcha Petro fue cuestionar a Prada, porque cuando era congresista del Centro Democrático lanzaba fuertes críticas en su contra. El Pacto Histórico pretende desacreditar al togado, quien hoy enfrenta un proceso penal por supuesta manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia, que anunció que este 15 de junio se iniciará el juicio en su contra.
“El ‘independiente’, ‘imparcial’ y ‘garantista’ magistrado Prada, que ahora busca fuera de sus competencias legales sancionar al presidente”, dijo la senadora María José Pizarro, quien desempolvó un mensaje en Twitter de Prada del 21 de noviembre de 2019 cuando dijo que “el señor Gustavo Petro no se ha desmovilizado, sigue pensando y actuando como guerrillero”.
SEMANA tiene en su poder un auto del 31 de marzo de 2023 en el que el magistrado huilense expuso su impedimento ante sus colegas del CNE. “Este impedimento tiene su sustento en la posibilidad de que se me acuse por parte de la ciudadanía de que no estoy tomando decisiones basadas en derecho, sino en motivaciones particulares de mi fuero interno como miembro del partido Centro Democrático, partido que actualmente se desempeña como colectividad de oposición a Gustavo Petro”, expuso Prada.
El 8 de mayo de 2023, en Sala Plena del CNE, se “declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Álvaro Hernán Prada”. El auto lo firmaron los magistrados Fabiola Márquez, entonces presidenta, y cercana a Petro, y Cristian Quiroz, con simpatías en la Alianza Verde. Aun así, el Pacto Histórico presentó una nueva recusación contra Prada. Dado que la investigación sobre Petro caducará en junio de 2025, la estrategia jurídica del Gobierno es ganar tiempo y evitar que se vote en Sala Plena.
La defensa del presidente, en cabeza del abogado Mauricio Pava, está haciendo uso de una táctica para generar un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación, que investiga a Petro dado su fuero.
Pava envió una comunicación dirigida al congresista Alirio Uribe, investigador coordinador del proceso en la Comisión de Acusación, solicitando que “requiera al Consejo Nacional Electoral para que remita por competencia todos los procesos que actualmente adelanta en contra del presidente, por cuanto carece de competencia absoluta para adelantarlos y, en especial, que se abstenga de tomar cualquier determinación que pudiera implicar la cesación en el cargo debido a que solo el Congreso tiene competencia para ello, cuando se trata de quien ocupa el puesto de primer mandatario de la nación”.
La jugada de Pava es frenar el avance de las investigaciones administrativas que adelantan los magistrados del órgano electoral exclusivamente contra Petro y suscitar un conflicto de competencia, que, finalmente, tendría que ser dirimido por la Corte Constitucional.
En el auto de formulación de cargos contra la campaña radicado este 8 de mayo, los magistrados Prada y Ortiz ordenaron también abrirle proceso a Gustavo Petro Urrego “en calidad de candidato”, más no de presidente.
Se basan en el artículo 19 de la Ley 996 de 2005, que habla de los responsables de la rendición de cuentas: “El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas”.
Pava insiste en su estrategia de defensa, que ha sido copiada por Petro. “Esta ponencia, de magistrados de la oposición política, es un monumental error jurídico. El CNE no tiene competencia para investigar al presidente de la república. Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, en virtud del fuero constitucional, todas las denuncias en su contra, las debió asumir la Cámara de Representantes. Así lo hizo la Corte Suprema con las denuncias como senador, y el CNE debió hacer lo mismo. Por eso, pedimos la remisión de esos expedientes al juez natural del jefe de Estado”, expresó el abogado.
SEMANA conoció que solo hasta el 23 de mayo, cuando se cumplen 15 días de haber radicado la ponencia de imputación de cargos, los magistrados empezarán a estudiar el proceso. Antes deberán examinar la recusación contra el magistrado Prada. Si nada extraordinario ocurre y si los togados no cambian de decisión, se mantendrán en negarla, como ocurrió en 2023.
Se espera que cada magistrado pida el expediente y lo estudie durante ocho días, lo que equivale a que tardarán entre 48 y 50 días en votar. En otras palabras, entre julio y agosto llegará el momento decisivo: la Sala Plena dictaminará si aprueba o no la ponencia.
Internamente, hay una tesis que apunta que cada vez que un magistrado radica un proyecto de pliego de cargos los demás lo respaldan. Al fin y al cabo, solo así comenzará la investigación de fondo y en este caso la defensa de la campaña Petro Presidente podrá desvirtuar cada una de las pruebas y solicitar otras. De lo contrario, si no la respaldan, quedará en el ambiente que la investigación quedó a medias y no se conocerá la total verdad de lo ocurrido.
Si Petro insiste en que su campaña se financió bajo la ley, ¿por qué tiene miedo de que el CNE avance en la investigación? La respuesta, a juicio de varias fuentes del CNE, apunta a que, difícilmente, la defensa podrá desvirtuar gran parte de los cargos que hablan de un desfase de 5.300 millones de pesos, cuando la campaña estaba supuestamente a menos de 200 millones de pesos de infringir los topes electorales.