Parece que el metro de Bogotá, como lo licitó en un principio el exalcalde Enrique Peñalosa en su pasada administración, tendrá fuertes modificaciones, ya que el presidente Gustavo Petro, este jueves 26 de enero, defendió a capa y espada su idea para que ese sistema de transporte masivo tenga un tramo subterráneo.
El jefe de Estado respondió a la radical postura que asumió recientemente la Procuraduría General de la Nación, en la que ese organismo de control se mostró en contra de cambios en el contrato de concesión de la primera línea del metro.
Petro, a través de su cuenta de Twitter, señaló que logró rescatar parte de los estudios del metro subterráneo que él propuso cuando era alcalde de Bogotá, al calificar esos documentos como un patrimonio económico de la capital del país.
¿Y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron más de cien mil millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo. ¿Ese no era dinero del público? Pues es al contrario recuperaremos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá”, trinó el presidente Petro.
Y agregó en el mensaje: “Se estudió un metro subterráneo en el 2014 con 27 estaciones y 32 kilómetros que costaba 14 billones de la época, y hoy estanos en uno de 19 estaciones y 22 km que vale casi 40 billones de pesos pero aquí si no hay detrimento patrimonial”.
“Digan la verdad, no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 billones de al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político. Ahora nos toca pagar”, en otro trino el mandatario colombiano lanzó agudas pullas.
EL miércoles de esta semana, el presiente Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López sostuvieron una crucial reunión para definir el futuro del metro de Bogotá, tras cuatro horas de encuentro no llegaron a un acuerdo y se tomó la decisión de instalar dos mesas técnicas para evaluar los reales riesgos jurídicos de cambiar el diseño de la megaobra.
Alerta de la Procuraduría
La Procuraduría General encendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, que pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.
Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá. Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados, según pudo conocer SEMANA, en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.
En atención los riesgos reales en la gestión contractual, el ente de control, en este caso la Procuraduría General de la Nación, revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.
Trascendió que el consorcio chino efectivamente realizó esa evaluación solicitada por el jefe de Estado y ahora puso sobre la mesa cinco principales propuestas para modificar el trazado y la tipología de la primera línea del metro.
La primera es que el tramo subterráneo inicie desde la avenida Primero de Mayo y vaya hasta la calle 72. Esta posibilidad permitiría que ocho estaciones de esta primera línea del metro sean subterráneas.
Como segunda alternativa está que el trazado subterráneo comience en la calle primera y culmine en la calle 72, en donde hoy en día se avanza con la construcción del intercambiador vial. En esta opción serían seis las estaciones subterráneas.
La tercera opción que planteará el consorcio Metro Línea 1 es la que consiste en soterrar el trazado desde la calle primera, pero que exista una extensión hasta la calle 100. De esta manera, serían nueve las estaciones subterráneas.
En su momento, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, cuestionó que, irónicamente, dentro de las propuestas planteadas al Gobierno, no haya una sexta posibilidad: la continuación del proyecto como adjudicado y firmado. Así mismo, el experto señaló que jurídicamente va a ser casi que imposible la modificación del contrato y, de hacerse, la Nación y el Distrito estarían expuestos a demandas millonarias.
“Alto riesgo jurídico”: consorcio chino encargado del metro de Bogotá
El consorcio chino encargado de la megaobra le advirtió al jefe de Estado que cualquier cambio en el objeto del contrato “no es viable” y traería consigo un “alto riesgo jurídico”.
En ese sentido, la alcaldesa Claudia López fue enfática en manifestar que la administración distrital no tiene más recursos económicos para soportar una adición presupuestal al megaproyecto del metro.
“El consorcio chino le entregó el informe al presidente Petro con cinco opciones que analizó de las cuales recomendó una, tengo por viabilidad técnica, económica y financiera, que es la extensión de la primera línea del metro de la calle 72 a la 100 subterránea en tres estaciones adicionales y 3.9 kilómetros adicionales”, dijo Claudia López.
Y agregó: “Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas y porque considera que no modifica el objeto del contrato y no superaría el 50 % del valor original del contrato e integraría mayor demanda de pasajeros”.
“El presidente Petro escuchó las cinco opciones e hizo una contrapropuesta, nos ha pedido que continuemos con las mesas de trabajo, las cuales vamos a continuar, el presidente solicitó dos conceptos jurídicos, según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato”.
Pero advirtió: “El análisis que hace el consorcio chino es que no se puede o que sería muy riesgoso modificar el objeto del contrato, como hay dos versiones jurídicas contrapuestas y como no conocemos los conceptos jurídicos, hemos acordado continuar la conversación con mesas de trabajo”.
“El concesionario insistió que no es jurídicamente viable cambiar el objeto del contrato, que de hacerlo se cambiaría las reglas de selección de la licitación y que eso genera muchos riesgos jurídicos y hay dos conceptos del presidente que dicen lo contrario”, recalcó finalmente la alcaldesa de Bogotá al término de la reunión con Petro.