El presidente, Gustavo Petro, se pronunció y defendió al canciller, Álvaro Leyva, ante la decisión este miércoles de la Procuraduría General de suspenderlo por tres meses en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el contrato para el manejo de los pasaportes,
Leyva fue llamado a juicio disciplinario y el mandatario señaló en su cuenta de X que “el ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas”, luego de que el ente disciplinario asegurara que el canciller se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.
El jefe de Estado también dijo que “no acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite”.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento.
Tan pronto se dio a conocer la decisión, Petro, en medio de la agenda de trabajo que está desarrollando en compañía de todo su gabinete de Gobierno en el Pacífico, lanzó una fuerte declaración, sin mencionar directamente el caso de Leyva, al señalar que las suspensiones de ministros le recordaban la época que vivió cuando fue alcalde de Bogotá.
“Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, sostuvo Petro.
La primera falta tiene relación con la decisión de declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos ni técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
Además, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al ministro por, supuestamente, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La Sala tomó la decisión de suspenderlo provisionalmente, en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
En la indagación preliminar, la Procuraduría General escuchó la declaración de la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue la primera en advertir los riesgos de suspender el proceso licitatorio.