Se conoció un reciente informe de las Naciones Unidas, en el cual advierte que luego de tres años del llamado estallido social, aún persiste la necesidad para establecer la verdad y la justicia sobre esos hechos.
De la misma manera, en el documento la ONU, señaló que se debe adelantar un capitulo de rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes.
“Tres años después del mortal paro nacional en Colombia, expertos independientes de la ONU* dicen que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores anti-paro”, dice el informe.
Y agrega el documento de los expertos: “Tres años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenazas contra su vida y seguridad”.
“Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno en relación con los casos de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes durante el Paro Nacional, como la instalación de la Mesa Técnica
Interinstitucional Permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protestas sociales. La directiva recientemente adoptada por la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta es un paso indiscutible en el camino hacia la justicia”, se expresa en el documento.
Sobre ese informe, el presidente de la República Gustavo Petro, afirmó “el tratamiento al estallido social pasará a la historia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos en Colombia”.
Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “La protesta social no se trata como un crimen. Criminales fueron los que la consideraron así. Condenaron a la cárcel a miles de jóvenes, a la tortura, a la pérdida de sus ojos, a ser vigilados ilegalmente con “pegasus” a la violación de sus jóvenes, a la muerte”.
“El tratamiento al estallido social pasará a la historia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos en Colombia. Protestar no es un crimen, es un derecho”, anotó finalmente el jefe de Estado.