Un particular mensaje publicó en sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo mención a los comisados de la Creg y a las medidas que no ha podido consolidar para materializar en el país una reducción en la tarifa de energía.
El jefe de Estado, visiblemente molesto, rechazó las decisiones que le tumbaron sus facultades especiales para el control y vigilancia de los servicios públicos.
“Declarar irregulares los nombramientos de los comisionados de la Creg, desde que me posesioné como presidente de la República, incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos, ha logrado demorar el cambio de fórmula de las tarifas de generación de energía eléctrica para bajarlas a toda la sociedad colombiana”, posteó Petro.
Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Explicaré en interlocución pública de qué manera se ha esquilmado a toda la sociedad con una fórmula tarifaria que impide la industrialización del país y el bienestar general en función de una renta de ganancias exageradas para seis empresas”.
Cabe señalar que un nuevo lío jurídico tiene el presidente de la República. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente desacato contra el primer mandatario por no cumplir una decisión del mismo tribunal sobre integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Ni siquiera los magistrados del Tribunal de Cundinamarca entienden por qué la renuencia del presidente para nombrar el grupo de expertos encargados de la Comisión. Sin embargo, lo que sí advierten es que, de no cumplirse las sentencias del mismo Tribunal y del Consejo de Estado, el primer mandatario estaría en desacato, con las consecuencias legales que se derivan.
“ABRIR incidente de desacato a orden judicial contra el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de presidente de la República de Colombia, por desacato al Fallo de 25 de enero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, señala la decisión del Tribunal.
Las pruebas que fueron allegadas por la propia presidencia advierten que se adelantaron todas las gestiones necesarias para hacer el nombramiento del grupo de expertos, pero no se cumplió el fallo que ordenaba hacer efectivos esos nombramientos.
“Los documentos allegados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República permiten evidenciar que se realizaron gestiones para realizar los nombramientos, mas no el cumplimiento del fallo, porque no se adjuntaron los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años, como se ordenó en el fallo del 25 de enero de 2024, pese a que el plazo feneció el 27 de junio de 2024″, advierte la decisión.
Como el gobierno no ha logrado conformar el grupo de expertos que integrarán la Comisión, el Tribunal le dio entonces 48 horas al presidente para que aporte todos los elementos de prueba necesarios que justifiquen por qué no cumplió, so pena de una eventual sanción por desacato.
“Se le informará que cuenta con el término de dos (2) días para rendir informe de cumplimiento del fallo o presentar argumentos de defensa a una eventual sanción por desacato y aportar el expediente administrativo completo sobre los actos administrativos de nombramiento en propiedad y por encargo de los expertos de la Creg y demás documentos que acrediten las acciones y gestiones necesarias para integrar la Creg”, se desprende del documento del incidente de desacato.
Sumado a ello, la Procuraduría pidió la vinculación del Ministerio de Minas y Energía para que los incluyeran en el incidente de desacato; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no hicieron parte desde el inicio de este proceso y, por tanto, no procede la solicitud. “Finalmente, en lo que respecta a la solicitud del Ministerio Público para que se abra desacato contra el ministro de Minas y Energía, se advierte que no fue vinculado al proceso y la orden recae exclusivamente en el presidente de la República, por lo que tal petición será negada”.
Así las cosas, Petro no solo tendrá que explicar por qué no han dado cumplimiento a la decisión del tribunal, sino que más adelante tendrá que ordenar el nombramiento de ese grupo de expertos que integre la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por un periodo de cuatro años.