SEMANA: Alcalde, ¿qué pasa en Cartagena del Chairá?
Edilberto Molina: Hay una situación muy compleja de inseguridad. Aumentaron las extorsiones y están afectadas las comunicaciones, pues los grupos armados le están haciendo una exigencia extorsiva a Claro para poner en funcionamiento las antenas, lo cual generó una afectación en 21 puntos de conectividad. Más del 80 por ciento de los 36.000 habitantes del municipio están afectados. El miércoles hubo un homicidio en la zona rural y la víctima tenía vínculos con la compañía y realizaba trabajos. Luego, el municipio amaneció con panfletos y vallas alusivas al grupo armado Rodrigo Cadete en las que invitan a la comunidad a vincularse a esta estructura de las Farc. Esos avisos aparecieron a escasos metros del colegio. He recibido amenazas de muerte. Por hacer estas denuncias me han declarado objetivo militar en varias ocasiones. Esta semana, las disidencias de las Farc reiteraron que no descansarán hasta asesinarme.
SEMANA: Esto ocurre cuando el Gobierno Petro habla de paz total con las disidencias de las Farc...
E.M.: Ese es el llamado que le hacemos al Gobierno para que la paz sea una realidad. Llevamos 50 años en conflicto, estamos cansados, la gente no ve que se esté haciendo algo serio. Vemos la disposición del Gobierno, pero estas disidencias, pareciera, dicen una cosa y hacen otra. El llamado al Gobierno es a que instale muy pronto las mesas de diálogos regionales y nos tenga en cuenta. Represento a 16 alcaldes del Caquetá, soy el presidente de la asociación de alcaldes y no nos tienen en cuenta.
SEMANA: ¿Su historia es similar a la de otros mandatarios del departamento?
E.M.: Hay municipios donde se están presentando extorsiones, intimidaciones. Hay mucha gente a la que le da miedo denunciar. En mi caso, por hacer visibles estos problemas, me gano amenazas. Las disidencias de las Farc han dicho públicamente, en las reuniones a donde citan a la gente para que les paguen las vacunas, que no descansarán hasta asesinarme. Dicen que soy un enemigo. Le he pedido al Gobierno de Gustavo Petro que nos ayude. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no me ha ampliado el esquema de seguridad. Ando en un vehículo en malas condiciones, hace cinco meses solicité el cambio. Hoy, parece que nuestra vida no tiene ningún valor para el Estado ni para la UNP.
SEMANA: Ante esto, ¿qué ha dejado de hacer en el pueblo?
E.M.: He perdido gobernabilidad. No puedo inaugurar obras, reunirme con la gente, visitar barrios e ir a las veredas a escuchar a la comunidad. A mis hijos, uno de 10 años y otro de 5, me tocó sacarlos del municipio. Toda esta situación es muy difícil. Siento que estoy solo, abandonado. Me ha tocado vivir un desplazamiento forzado.
SEMANA: Y con su municipio incomunicado...
E.M.: No hay internet, telefonía celular, todo está afectado. La señal es intermitente. Hay problemas de conectividad en el Banco Agrario, la Alcaldía, el hospital, las escuelas. La afectación es grande. Desde 2020 se buscan instalar 148 antenas, es un proyecto del Ministerio de las TIC, de acuerdo con unas políticas de paz para las llamadas zonas PDET. En la Alcaldía pudimos pagar la nómina hasta hace poco. Las transacciones rebotaban. Todos los funcionarios están pendientes para conectarse apenas haya señal. La intermitencia es permanente.
SEMANA: ¿Por qué las disidencias dejaron incomunicado al municipio?
E.M.: Ellos buscan que se les pague por esas antenas. Es una extorsión, una forma de recaudar dinero. Aquí, a todo el mundo le está tocando pagar: los campesinos pagan 10.000 pesos por cabeza de ganado, 20 pesos por litro de leche, 5.000 pesos por arroba de queso y 10.000 pesos por hectárea de tierra. Todos los que generen cualquier actividad son citados por las disidencias para que paguen su extorsión. Sé que han pedido hasta 20 millones de pesos por antena. Eso depende de cómo esté el ánimo del comandante en su momento.
SEMANA: ¿Cómo funcionan esas antenas?
E.M.: Están en la zona rural, donde no hay conexión a internet. Funcionan con una planta diésel que debe estar encendida. Son plantas prendidas durante 24 horas y siete días. Pero no han permitido el ingreso del combustible. Por eso las plantas se apagaron y los equipos no funcionan. Si una antena se apaga, ocurre lo mismo con las demás.
SEMANA: Usted gobierna en el exilio porque las disidencias lo expulsaron de Cartagena del Chairá. ¿Cuántas veces ha afrontado esa situación?
E.M.: Dos. Antes había tenido que salir por dos meses. Regresé porque gobernar es mi deber. Pero hace 20 días la inseguridad aumentó y, cuando pretendía ingresar de nuevo, la guerrilla hizo un retén sobre la vía. Por seguridad, me recomendaron no entrar por tierra. Me toca hacerlo vía helicóptero y los vuelos son cada 15 días.
SEMANA: La vicepresidenta Francia Márquez se mueve en helicóptero a diario.
E.M.: (Risas) Esa es la otra cara de la moneda. Lo que vivimos nosotros y lo que vive la vicepresidenta. Nos toca pedirle apoyo a la fuerza pública. En ocasiones, no hay cupo; y si lo hay, es uno solo. Uno entiende. Ellos ingresan con personal, a veces llueve y nos toca esperar.
SEMANA: Dice que las Farc advirtieron que no descansarán hasta matarlo. ¿De quién ha recibido esos mensajes?
E.M.: Vía WhatsApp, a través del teléfono, por panfletos. Últimamente lo han dicho en las reuniones de las veredas. Reúnen a la población y lo primero que dicen es que soy objetivo militar por trabajar con el Estado, por denunciar. Y que no descansarán hasta asesinarme. El miércoles citaron a unos comerciantes en un centro poblado y eso fue lo que les dijeron. Cuando voy al pueblo, la gente me dice: “Oiga, alcalde, cuídese porque esos manes, las disidencias, lo van a matar”.
SEMANA: ¿Y qué piensa de eso?
E.M.: (Silencio) Es difícil. Cuando a uno le dicen que lo van a matar y que se cuide, a todos nos da miedo (llora).
SEMANA: ¿Por qué lo tienen en la mira?
E.M.: Cartagena del Chairá tiene una situación particular. A los alcaldes, en muchas ocasiones, les ha tocado pagar extorsiones para poder gobernar. Cuando gané las elecciones me pidieron 1.000 millones de pesos para poder sentarme en la silla de la Alcaldía. Me lo hicieron saber. Jamás acepté esas pretensiones extorsivas y denuncié. Al hacerlo, en ocasiones la fuerza pública ha neutralizado a comandantes, y me convertí en su enemigo. Con mis denuncias se tomaban acciones y afectaban sus estructuras. Por eso me han declarado objetivo militar.
SEMANA: Las elecciones regionales en Cartagena del Chairá, en octubre próximo, no serán fáciles.
E.M.: Depende del candidato y de qué partido. Si es un movimiento afín a las estructuras, lo que hacen es decirle a la gente que tienen que votar por X o Y aspirante. Eso pasó en mis elecciones, la izquierda tenía un candidato y obligaron a la ciudadanía a votar por él. Eso pasará en estas elecciones. Ellos le están diciendo a la población que quien no tenga el certificado electoral pierde su finca y se tiene que ir de la zona.
SEMANA: ¿El Ejército dónde está?
E.M.: La fuerza pública se siente maniatada por el cese al fuego. Los militares tienen temor de hacer operaciones que les cueste su ascenso o su puesto. Hoy, la fuerza pública está en los batallones y los grupos al margen de la ley están en el resto de los territorios.
SEMANA: ¿El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya se comunicó con usted?
E.M.: No. Con el único que me he podido comunicar es con Mauricio Lizcano, ministro de las TIC. Él, muy amablemente, sacó un video respaldándonos frente a lo que estamos viviendo.
SEMANA: ¿Qué le dice al presidente Gustavo Petro?
E.M.: Que no me deje matar (silencio), que me ayude. Le he pedido a la UNP que amplíe mi esquema, que cambie mi vehículo, pero parece que mi vida no tiene valor para esas entidades. Después del 31 de diciembre (cuando concluye su periodo) no podré quedarme en mi municipio porque me matan.