Un grupo de 200 líderes del país, entre ellos académicos, exministros y analistas políticos, emitieron un comunicado oponiéndose a la asamblea nacional constituyente. En el documento resaltaron su defensa a la Constitución de 1991, así como resaltaron los riesgos que podría traer la propuesta del Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro respondió a la carta, asegurando que no son las “personalidades” quienes convocan el “poder constituyente”. De esa forma, según explica el mandatario, quien sí lo hace es el “pueblo”.

“El poder constituyente no lo convocan las personalidades. Eso es un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder”, escribió Petro en su cuenta de X.

Por el contrario, dijo que las personalidades “son importantes”, pero para “llegar a un acuerdo nacional que ni más ni menos significa que el acuerdo sea construir una democracia. Un camino pacífico de construcción nacional”.

En la carta, los líderes inician resaltando que “es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

“Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución”, agregan.

Además, dicen que existen “alternativas democráticas”, como mecanismos institucionales, para abordar reformas a la Constitución, que se pueden llevar a cabo a través del Congreso de la República y mecanismos de participación ciudadana.

A su vez, prevén que la constituyente generará “inestabilidad política e institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Además, advierten que esto podría llevar a “cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales”.

“Se generaría una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, ralentalización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social”, advierten en el tercer punto de la misiva.

Por otro lado, aseguran que los costos económicos hacen de la idea del presidente inconveniente, dado que se trata de un momento en el que se necesita priorizar la inversión en sectores estratégicos. “La realización de una constituyente implica altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica. Recientemente, el Gobierno hizo un recorte de 20 billones de pesos, por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente”, explican.

Las personalidades finalizan sintetizando sus preocupaciones: “Consideramos que la propuesta de una constituyente en las actuales circunstancias no es conveniente para el país y puede tener consecuencias negativas para la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo de Colombia”.