Llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, la carta que le envió un grupo de exconsejeros pidiéndole respeto por las declaraciones que dio en las que calificó de “vagabundos politiqueros” a los magistrados del CNE que radicaron una ponencia por su campaña presidencial.
La ponencia obedeció por una serie de presuntas irregularidades detectadas en la financiación de la campaña Petro Presidente, en la cual se habrían violado los topes.
El presidente Petro respondió la misiva, pero con pulla a bordo, en la cual señaló que los ponentes estarían irrespetando el fuero presidencial, argumentando que el CNE es una autoridad administrativa, pero desconociendo que la investigación es solo a su campaña.
“Con todo respeto a los exconsejeros, la autoridad electoral es administrativa y sus ponentes no están respetando la independencia de poderes y el respeto al fuero presidencial, que es constitucional”, posteó Petro.
Esta semana se conoció una carta firmada por más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado, en la cual salió un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro, después de que descalificara la decisión de ese alto tribunal de suspender temporalmente el decreto con el que el mandatario pretendía tomarse funciones de la Comisión Reguladora de Energía (Creg), y con el que planeaba bajar las tarifas de energía en Colombia.
“Manifestamos nuestro asombro frente al hecho de que el presidente de la República ponga en tela de juicio mediáticamente las decisiones tomadas legítima y jurídicamente por los jueces, pretendiendo ridiculizarlas”, dice la carta de los exconsejeros de Estado de Colombia.
En la misiva, los exmagistrados del Consejo también argumentan que quienes han cumplido con la función de administrar justicia, lo han hecho desde la “total convicción” de tomar decisiones respaldadas en la norma.
Por eso insistieron en que sobre “el jefe de Estado y de Gobierno recae la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todo el ordenamiento jurídico. Lo invitamos a que no desconozca su deber de utilizar las vías estrictamente legales establecidas para controvertir las decisiones judiciales, vale decir, las de los recursos e intervenciones dentro del respectivo proceso. Esa es la garantía del debido proceso, de la legalidad, y es lo que corresponde al Estado de derecho”.
Cabe señalar que esta semana, desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro se despachó contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y usó fuertes adjetivos para responder a la ponencia con formulación de cargos contra la campaña Petro Presidente.
Aunque la investigación en el CNE es administrativa y va dirigida a la personería jurídica que adelantó la campaña presidencial, Petro insiste erradamente en que el CNE no tiene competencia para investigarlo y reiteró que es el inicio “del golpe blando” para sacarlo de la Presidencia de la República.
“Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Petro, en esa ocasión.