El presidente Gustavo Petro rompió su silencio frente al escándalo de las supuestas chuzadas y seguimientos a la Corte Constitucional que ha venido creciendo como espuma y que, según se rumora en distintos círculos políticos, provendría del Gobierno nacional.
En su cuenta personal de X, anteriormente Twitter, el primer mandatario dijo que desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia “es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”.
“He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En la inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encontró que no cuenta ni siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”, expresó.
El primer mandatario se refiere al DNI porque tiene claro que hacia allá está fijando su mirada la oposición.
De hecho, la semana anterior, el senador de Cambio Radical, David Luna, adelantó un debate de control político contra el director de esa entidad, Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro y quien, además de fundar la Alianza Verde, militó durante varios años en la entonces guerrilla del M-19.
“Carlos Ramón González, siento terrible temor por su pasado”, le dijo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien estima que este funcionario, posiblemente, podría estar relacionado con las interceptaciones a la oposición, la prensa y algunos órganos judiciales.
Como si fuera poco, SEMANA reveló en su más reciente edición la preocupación de algunos magistrados de la Corte Constitucional que estiman que están siendo objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales.
En una carta, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció lo que está ocurriendo al interior de la Corte y encendió las alarmas.
“Desde hace varios meses mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión (de) que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, denunció.
Ibáñez informó que él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.
“También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”, añadió.
Esa misiva ya está en manos de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien estuvo en una de las sesiones de la Corte Constitucional el miércoles de la semana pasada.
La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”.
Ante esa denuncia, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de la respectiva investigación, la cual estará a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema.
La propia fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó iniciar la investigación de manera inmediata y dispuso de todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor, con el fin de establecer los alcances y el impacto de la situación denunciada el pasado miércoles.