En mayo de 2023, la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación en contra del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y una exgobernadora por donar, supuestamente, un inmueble del estadio de Calarcá a una entidad privada.
Los hechos que son objeto de investigación ocurrieron en 2007 cuando la entonces gobernadora Amparo Arbeláez, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el actual gobernador.
El inmueble, ubicado en Calarcá, (Quindío), superaba en valor de los 12.100 millones de pesos, y habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones.
Aunque los hechos ocurrieron hace más de una década, por el cargo que ostenta Jaramillo, el proceso fue asumido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
Desde aquella época no se han conocido avances del proceso razón por la cual el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó un derecho de petición en la Corte Suprema de Justicia para conocer el estado de la investigación porque, a su juicio, está estancado.
“Es preocupante que el gobernador del Quindío se haya apropiado de un estadio en el municipio de Calarcá, este proceso lleva 16 años y no ha pasado nada a pesar de las pruebas”, dijo Bustos.
“Resulta claro para la Red de Veedurías, que toda vez que tales hechos acaecieron en 2007, de haber contado dicha investigación penal con una celeridad normal, el procesado jamás hubiera podido siquiera postularse (2020) a servidor público de elección popular trece (13) años después, para mantenerse dicho proceso incluso en tal estado de lentitud que cobija su periodo completo como gobernador (2021-2024), y precisamente durante este cuatrienio por cuenta de la Fiscalía Delegada ante Corte Suprema de Justicia”, dice Bustos en el documento radicado en la Corte Suprema de Justicia.
Según Bustos, por la gravedad de los presuntos hechos, se debe establecer la posible responsabilidad del gobernador para resolver dicho proceso porque, según él, cuando deje el cargo el caso pasará a justicia ordinaria y se podría retrasar más la investigación. “Hay una plena prueba de responsabilidad del gobernador de haberse apropiado de un inmueble público como era ese estadio. Terminará su periodo y la justicia no se pronunció”.
En otros oficios radicados, Bustos pide a la Procuraduría y a la Fiscalía iniciar una vigilancia electoral argumentando que, supuestamente, Jaramillo estaría apoyando a un candidato a la Gobernación del Quindío que trabajó con él.
“Hemos solicitado ponerle la lupa a a los procesos de contratación y de publicidad en el Quindío. Es claro que existen señalamientos en la campaña a la Gobernación del Quindío porque Roberto Jairo Jaramillo tendría interés en favorecer la campaña de su exsecretario privado, el candidato Juan Miguel Galvis”.
“Se sirva realizar una vigilancia especial sobre el proceso electoral a la Gobernación del departamento de Quindío, especialmente la del candidato Luis Miguel Galvis, presunto ‘sucesor’ del actual gobernador, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, período 2021-2024, y de quien fuera su secretario privado”, dice en la petición que también fue enviada a la Fiscalía General de la Nación.
Roberto Jairo Jaramillo responde
El gobernador del departamento del Quindío respondió a las peticiones que hizo la Red de Veedurías y señaló que es muy extraño que en época electoral salgan este tipo de actuaciones, pero aclaró que siempre ha estado presto a los llamados de la justicia para responder a las solicitudes que se tengan.
Sobre el proceso que se adelanta en su contra manifestó que desde el mes de mayo está presto a los llamados de la justicia y que el caso en mención no tuvo irregularidad alguna.
“Ese es un proceso del 2007 de cuando yo era odontólogo pediatra, voluntario de la fundación Abrazar y mayoritariamente la Asamblea Departamental decide entregar ese predio para ser usado para niños y niñas con discapacidad que fue mi razón de vida durante más de 25 años. Siempre he dicho que si es delito recibir un predio para servirle a la niñez, cualquier cosa es delito”.
Jaramillo aseguró que en ese momento se atendieron 25 mil niños gratis y que el predio nunca se alquiló, se le dio un uso distinto y que actualmente está en manos de la Gobernación del Quindío. “Los únicos que pagaron el plato roto de todo este tema fueron los niños que hoy día son atendidos en una escuela de Calarcá. Siempre presto a los requerimientos de la Corte Suprema para lo que necesiten porque para la verdad el tiempo”.
Así mismo, dijo que no es cierto que esté apoyando candidato alguno a la Gobernación porque la Constitución no se lo permite y que, por el contrario, todos los aspirantes tienen las garantías para las elecciones del 29 de octubre.
“La transparencia en los comicios debe darse en todo el país, todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Acá hay siete candidatos para la Gobernación y estoy haciendo las cosas correctamente y con la transparencia que siempre me ha caracterizado. No conozco los requerimientos que han enviado, pero les puedo decir que en este momento todos los gobernadores y alcaldes del país somos objeto de que los equipos opositores quieran tergiversar las realidades”.