Este lunes –24 de abril– se adelantó una cumbre entre el Gobierno Petro y el Congreso de la República para revisar el articulado de la Ley de sometimiento que se radicó hace un par de semanas. De aquella reunión quedó lista la ponencia que se radicará la próxima semana en la Comisión Primera del Senado para iniciar con la discusión.
Además, se hicieron algunos ajustes al texto y se introdujeron ocho de los nueve cambios que sugirió el fiscal Francisco Barbosa para el trámite de dicha iniciativa. La idea es tener una ponencia concertada para que el trámite del proyecto de ley sea sencillo y todas las bancadas conozcan de fondo su contenido.
El documento fue enviado a la Casa de Nariño para que el presidente Gustavo Petro evalúe su contenido y el martes 2 de mayo se radique en dicha comisión.
Sin embargo, los senadores Ariel Ávila e Iván Cepeda pidieron al mandatario de los colombianos considerar la posibilidad de radicar mensaje de urgencia para esta iniciativa que es considerada como fundamental dentro de la denominada política de ‘paz total’.
Si el presidente Petro toma la decisión de darle mensaje de urgencia a la Ley de sometimiento, su trámite será mucho más rápido, ya que las comisiones primeras del Congreso podrán sesionar de manera conjunta.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se reuniría en los próximos días con el fiscal Francisco Barbosa para analizar las implicaciones de dicha Ley de sometimiento y garantizar que haya un acuerdo para que el proyecto cuente con un respaldo institucional.
El pasado 9 de marzo, el Consejo de Política Criminal, integrado por el Gobierno, Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría, dio el aval en las últimas horas al proyecto de sometimiento de bandas criminales.
Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.
En este caso, el Consejo señala que lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica (...) máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario, pues las penas a imponer a los miembros de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis y ocho años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena”, señala uno de los apartes.
Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.
Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra, por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.
“Como se enseña en la exposición de motivos, este contempla la etapa de procesamiento, en la que se establece la participación de las víctimas en el proceso de atribución de responsabilidad penal, los recursos que pueden interponerse contra las decisiones que se profieran en el procedimiento judicial, el incidente de restauración de los daños colectivos, el procesamiento para la aplicación del principio de oportunidad, la entrega de información para la imputación colectiva, el contenido del escrito de imputación colectiva, la etapa de aceptación de responsabilidad, la validación del allanamiento a la imputación colectiva, verificación de la imputación con allanamiento, la solicitud de medida de aseguramiento”, señala otro aparte.
“En este orden de ideas, resulta adecuado y necesario que el Gobierno nacional procure por los medios que tiene a su disposición, con respeto y apego al marco democrático sobre el cual se cimienta el Estado colombiano, buscar las alternativas y caminos que busquen y propendan por alcanzar la paz para con los administrados, resultando acertado procurar el mismo con iniciativas legislativas como la analizada en esta oportunidad”, advierte el documento de 13 páginas.
“Necesitamos una Ley de sometimiento, no un proyecto que tenga componentes de proceso de paz”, la dura crítica del fiscal Barbosa
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fue enfático en decir que defenderá ante el Congreso de la República, la próxima semana, los nueve puntos que deberían considerarse para consolidar una mejor normativa en medio de la propuesta de Ley de sometimiento del presidente Gustavo Petro. El fiscal Barbosa está seguro de que, en el marco del debate parlamentario, “seguramente serán acogidos o la gran mayoría”.
De igual forma, el jefe del ente acusador lanzó una fuerte crítica sobre el ‘cheque en blanco’ que quedaría abierto con la propuesta y fue claro en decir que “necesitamos un proyecto de Ley de sometimiento, no un proyecto de ley de sometimiento que tenga unos componentes de proceso de paz, porque eso no tendría sentido para el país”.
Y es que para el fiscal general la propuesta del Gobierno Petro tiene varios elementos que ponen en riesgo el Estado de derecho. Barbosa ha asegurado que seguirá obrando con firmeza en la defensa de la institucionalidad colombiana y, gracias a ello, se ha “logrado impedir” que el narcotráfico “pase en esos proyectos que se están presentando y que tenemos que ponerle freno a las intenciones de que se desmantele el Estado de derecho”, dijo recientemente en entrevista con Noticias RCN.
Sobre el tema, ya son dos encuentros los que ha sostenido el fiscal Barbosa con el presidente Petro. En el primero, de acuerdo con el fiscal general, le expuso al mandatario los nueve puntos que debían tenerse en cuenta para llevar a mejor término la propuesta de sometimiento, pero el resultado de dicha reunión generó un resultado que lo dejó decepcionado.
Barbosa afirmó que, en su momento, el presidente Petro le indicó que sus reparos serían discutidos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero al final se radicó un texto en donde no se realizó un ajuste a profundidad en las consideraciones que él había manifestado en la reunión con el jefe de Estado.
El fiscal aseguró que en el texto radicado se hizo un cambio de forma en el contenido, pero siguen estando los mismos problemas de fondo; además, precisó que se han agregado “otros problemas adicionales”.
Es importante precisar que, el pasado 16 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa habló en Vicky en SEMANA, donde también manifestó que sus reparos con la Ley de sometimiento no es un asunto personal en contra del presidente Gustavo Petro. Pero reconoció que no es admisible que en el texto radicado no se busquen caminos para lograr consensos en los cuestionamientos presentados, en especial cuando se basan en fundamentos constitucionales.
El funcionario también manifestó sus cuestionamientos sobre la propuesta de concebir el principio de oportunidad como un indulto.
“Eso no puede ser visto de esa manera. Las personas que redactaron esto tienen una gran responsabilidad también frente al país. Porque no es posible que se le trate de meter trampas al país. Eso es una trampa lo que se ha hecho y las trampas tienen que ser denunciadas desde el punto de vista político. Desde el punto de vista judicial tendrán unas explicaciones. Pero mi tarea, en este caso legislativa, es la de poder decir cuál es el fundamento y la protección del sistema constitucional en Colombia”, agregó en Vicky en SEMANA el fiscal Francisco Barbosa.
En el segundo encuentro entre Petro y Barbosa, que duró más de dos horas, de acuerdo con la Casa de Nariño, fue cordial y productivo, y giró alrededor de las dudas que ha manifestado el fiscal Barbosa sobre los alcances de la Ley de sometimiento, la cual, según el jefe del ente acusador, beneficiaría a poderosos narcos.
En ese sentido, el presidente Petro, en compañía de varios integrantes de su gabinete, le aseguraron a Barbosa que la Ley de sometimiento está lejos de beneficiar a narcotraficantes y que, por el contrario, su objetivo es luchar con contundencia ese tipo de estructuras criminales.
“En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere una estrategia integral que además vele por la preservación del medioambiente”, sostuvo la Casa de Nariño.
También detalló: “Fueron atendidas las dudas del fiscal general frente al proyecto de ley, con lo cual se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico”.